LIMA.- La defensa de la suspendida fiscal general de Perú, Patricia Benavides, afirmó este sábado que su cese temporal por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, el máximo órgano de gobierno de la judicatura), es «inconstitucional» y que esta institución se inventó un procedimiento para su destitución.
«Se pone un proceso disciplinario orientado a una destitución, aplicando una norma inconstitucional. Me refiero al reglamento de la JNJ. Los procesos de administración de sanción tienen reserva de ley, tienen que ser por ley. Puede haber reglamento, pero no puede rebasar a la ley (…) El reglamento no puede estar por encima de la ley, y la ley no puede estar por encima de la Constitución», argumentó su abogado, Jorge del Castillo, en la emisora RPP.
Y reiteró que bajo ese principio, lo que ha hecho la JNJ «es inventar un procedimiento que no está previsto en la ley».
«(El) procedimiento disciplinario inmediato no existe. Lo que sí existe es que debieron hacer, conforme dice la ley (…), un procedimiento previo de investigación (que) tampoco lo han hecho», añadió.
También destacó que «no se puede decir per se» que es verdad todo lo que indica el ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva, en su testimonio como colaborador eficaz «porque no hay cómo comprobarlo en este momento».
«Por eso, la ley manda una investigación preliminar que no se ha hecho», recalcó.
Concluyó sus argumentos en el medio local al indicar que la JNJ «no tiene competencia para procesar por actos delictivos» a Benavides, puesto que en su opinión, las investigaciones de esta entidad solo pueden ser «por temas éticos».
La Junta Nacional de Justicia dispuso de la suspensión de Benavides por seis meses debido a las investigaciones abiertas por un equipo especial de fiscales anticorrupción que revelaron la existencia de una supuesta red criminal de tráfico de influencias en el entorno de la ahora ex fiscal general.
Esta presunta red es acusada de influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
EFE
