BANGKOK.- Los medios filipinos informaron este miércoles de que se escucharon varios disparos en el Senado, coincidiendo con el operativo para arrestar al senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa, que permanece atrincherado en la cámara desde el lunes tras la orden de detención emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).
Las autoridades ordenaron el desalojo de los periodistas y empleados que se encontraban en el segundo piso del Senado, donde, según los reporteros presentes, se escucharon al menos diez disparos, sin que hasta el momento haya trascendido la autoría de los mismos ni si se han registrado heridos.
«El Senado está siendo atacado. ¡Por favor ayudadnos!», ha publicado el propio Dela Rosa en su cuenta de Facebook.
Las autoridades filipinas habían informado poco antes de que se iba a proceder al arresto «de una persona», sin ofrecer más detalles, mientras de momento se desconoce la situación de Dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, actualmente detenido en La Haya a la espera de juicio.
El senador, que fue grabado entrando en un ascensor después de que se ordenara desalojar el segundo piso del edificio, había hecho horas antes un llamamiento a la población civil para que se «reuniera frente» a la cámara con el objetivo de impedir el plan de arresto.
La prensa del archipiélago también informó sobre un fuerte cordón policial que, a las puertas de la cámara, controlaba a los seguidores de Duterte.
Por la mañana, Dela Rosa descartó entregarse, alegando que aún disponía de recursos legales: «Puedo quedarme aquí mientras siga siendo senador», afirmó después de su segunda noche en el Senado, donde las detenciones requieren autorizaciones específicas.
El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra Dela Rosa, considerado presunto «coautor indirecto» de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte, donde, según las autoridades filipinas, fueron asesinadas extrajudicialmente de unas 6.000 personas, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.
La corte afirma que Dela Rosa contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante «escenarios ficticios de defensa propia».
EFE
