LIMA.- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú archivó este lunes dos denuncias que pedían que se inhabilite del cargo a la vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, por una presunta infracción a la Constitución y una acusación ante la Fiscalía por delitos de negociación incompatible, aprovechamiento del cargo y abuso de autoridad.
La decisión se tomó con 13 votos a favor y 8 en contra de los miembros de la Subcomisión, tras la exposición de un informe elaborado por el legislador Edgar Reymundo, que recomendó que se archiven las acusaciones contra la vicepresidenta, que hasta la semana pasada también fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
El pasado 14 de junio, el grupo legislativo declaró procedente la admisión a trámite de las denuncias contra Boluarte, a la que se acusó de haber realizado gestiones como presidenta del club departamental Apurímac cuando ya cumplía sus funciones en el Ejecutivo y por la contratación de uno de sus cuñados por la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas).
Sin embargo, Reymundo, de la bancada izquierdista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, concluyó que la vicepresidenta no vulneró el artículo 126 de la Constitución, que señala que los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.
Indicó que Boluarte no realizó actos de gestión del club departamental, sino de regularización de registro, que estaba obligada a cumplir por orden de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y ante la Municipalidad de Lima.
Respecto a la contratación de su cuñado, agregó que esto «no era un asunto oficial o institucional que le correspondiera» y que no existe una «decisión, parecer o tramitación de la fiscalizada» al respecto.
LOS TÉRMINOS DEL DEBATE
Durante el posterior debate, la congresista Milagros Jáuregui, del partido ultraconservador Renovación Popular, cuestionó las conclusiones y dijo que se estaba avalando que los parientes de altos funcionarios puedan ser contratados en el Estado y que se permitiría que los ministros gestionen licencias y permisos para otras instituciones.
Por su parte, el legislador Alex Paredes, del partido izquierdista Perú Libre, afirmó que los cargos de responsabilidad asumidos por altos funcionarios no deberían afectar la posibilidad de que sus familiares directos puedan trabajar para el Estado y sostuvo que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema.
En su turno, la fujimorista Patricia Juárez consideró que la investigación mostró que «podía» haber una incompatibilidad en la actuación de Boluarte y que los trámites realizados ante la Municipalidad de Lima «son objetivos», por lo que aseguró que «no se ha deslindado la infracción constitucional«.
Boluarte pidió el pasado 10 de octubre a la Subcomisión que se archiven las denuncias en su contra porque, según dijo, fueron «mal orientadas por la Contraloría» y hay «sectores políticos» que buscaban inhabilitarla «para luego intentar nuevamente» la destitución o suspensión del presidente Pedro Castillo.
El Congreso de Perú debatirá y votará este miércoles una tercera moción de vacancia (destitución) presentada por bancadas opositoras contra Castillo, al que acusan de actos de corrupción y una presunta «incapacidad» para continuar en el cargo que asumió el 28 de julio de 2021.
EFE
