CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional y segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Juan Carlos Alvarado, precisó que el espíritu del proyecto de Ley Orgánica de Derechos Socioeconómicos busca encarar un proceso de evaluación y reflexión sobre el sistema financiero y económico, el cual ha sufrido diversas alteraciones.
“El tema de los precios de los productos de primera necesidad ha sido una montaña rusa y, al final, quien paga los platos rotos es el pueblo venezolano”, afirmó.
En entrevista para el programa Sin Duda con Mary Pili Hernández de Unión Radio, indicó que se están formulando observaciones que se abordarán en la comisión y en el segundo debate del Parlamento, para luego avanzar hacia la consulta pública.
El también secretario general de Copei añadió que, aunque las penalizaciones y multas pueden parecer exageradas, es necesario evaluar el funcionamiento de cada instancia.
“No es igual una cadena comercial que un abasto o una panadería. Se habla de la posibilidad de multas de entre 200 y hasta 100 mil veces la moneda de mayor valor del Banco Central (el euro). Implementar una sanción así requiere una escala de valor que permita abordar cada situación; son detalles que no son de fondo sino de forma, y creemos en el espíritu de una ley que facilite el entendimiento”.
Subrayó que la normativa también contempla la conciliación para evitar llegar al extremo de la multa. Puntualizó que todos los sectores participarán en el debate para lograr la armonización de las ventas y frenar la especulación.
“Todo tiende a desequilibrarse, ya que cuando el precio sube, no vuelve a bajar. Se trata de armonizar y no de controlar, exigir o imponer una escala de precios, sino de garantizar el respeto constitucional al acceso a los bienes, servicios y alimentación”.
Dijo que la fracción oposición mantiene la propuesta de un aumento progresivo de los salarios. “ Hemos venido proponiendo el aumento de los salarios y las jubilaciones y pensiones para que se vea reflejados en los contratos , prestaciones sociales y utilidades”, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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