SAN JOSÉ.- Las autoridades de Nicaragua informaron este sábado en Managua que entregaron a El Salvador a una supuesta miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), con lo que suman ya siete los arrestados y expulsados del país en los últimos cuatro meses.
La supuesta pandillera de nacionalidad salvadoreña, que tiene orden de captura en El Salvador por los delitos de privación de libertad, organizaciones terroristas y homicidio agravado, fue capturada en la mañana del viernes en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, noroeste de Nicaragua y cerca de la frontera con Honduras, detalló la Policía nicaragüense en una declaración.
«La Policía Nacional de Nicaragua, en coordinación con la Oficina Central de Interpol para América Central, con sede en San Salvador, entregó a las autoridades de la Policía Nacional Civil de la República de El Salvador» a la mujer de nacionalidad salvadoreña, presunta miembro de la mara MS-13, indicó la fuente.
La supuesta pandillera de la MS-13 fue entregada en el puesto de control fronterizo El Guasaule, que comparten Honduras y Nicaragua.
Desde el 6 de abril de 2024 a la fecha, las autoridades de Nicaragua han entregado a El Salvador a siete supuestos miembros de la pandilla MS-13, quienes eran buscados por la Policía salvadoreña por posesión y tenencia de droga y de arma de fuego, violación a menor, o bien tenían orden de captura por los delitos de organizaciones terroristas, extorsión agravada, proposición y conspiración de homicidio agravado, y homicidio agravado en su país.
Las autoridades nicaragüenses han sostenido que en el país no operan las ‘maras’ o pandillas.
La Mara Salvatrucha es considerada una de las más violentas por su vinculación con el narcotráfico, las extorsiones y los asesinatos. Tiene presencia en El Salvador y otros países.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, libra una guerra contra las pandillas, que llegaron a situar a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo, en el marco de la cual han sido capturadas más de 78.000 personas bajo el amparo de un estado de excepción que se prolonga desde hace dos años y en medio de señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
EFE