LIMA.- El proceso de las elecciones presidenciales en Perú sigue su curso rumbo a la segunda vuelta del próximo 7 de junio tras la decisión del jurado electoral de rechazar un pedido para que se convoquen a comicios complementarios en las jurisdicciones donde se registraron irregularidades en la votación del pasado 12 de abril.
La incertidumbre generada por esas irregularidades, las investigaciones iniciadas por las autoridades y la demora en emitir un pronunciamiento final por parte del Jurado Nacionales de Elecciones (JNE), mantuvieron en vilo a la ciudadanía peruana ante las denuncias de fraude, sin pruebas contundentes, que ha hecho el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga.
Tras varios días de espera, este viernes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo organismo electoral de Perú, declaró inviable convocar a unas elecciones complementarias, como solicitó López Aliaga ante el retraso en la apertura de numerosos centros de votación en Lima por no contar a tiempo con el material electoral.
El organismo también recordó que el proceso aún no ha concluido, al haber todavía más de 4.000 actas en revisión, y aseguró que continuará ejerciendo su función «con firmeza, independencia y transparencia».
Invocó, además, a la ciudadanía a mantener la calma e informarse a través de los canales oficiales, así como a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad, ante la convocatorias a manifestaciones en Lima.
Por otra parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, aseguró que no cuenta con trabajadores extranjeros en su nómina, tal como también había señalado López Aliaga al afirmar que unos 200 venezolanos y cubanos trabajaban «digitando actas, de los que quedan del chavismo en Perú».
La ONPE detalló que sus empleados son 16.757, todos ellos de nacionalidad peruana.
A su turno, como parte de la investigación de las irregularidades en las elecciones generales, la Fiscalía y la Policía allanaron este viernes una docena de inmuebles vinculados con las personas involucradas en el proceso, incluido Piero Corvetto, el jefe de la ONPE que dimitió del cargo el martes pasado.
La investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada, incluyó la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentos, aunque un juez rechazó la solicitud fiscal para que se ordene la detención preliminar de Corvetto.
Tras conocer el rechazo a sus exigencias, López Aliaga reiteró que en los comicios hubo «actos criminales» y criticó que el JNE haya rechazado realizar elecciones complementarias en los centros de votación de Lima que abrieron sus puertas hasta cinco horas tarde debido a la demora de la llegada del material electoral.
El candidato exigió que el JNE realice una auditoría a alrededor de 4.500 actas en las que considera hubo una manipulación para favorecer al izquierdista Roberto Sánchez, el candidato que lo ha desplazado de la segunda posición que disputará la segunda vuelta presidencial con la derechista Keiko Fujimori.
Sin embargo, la misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA) destacó la decisión del JNE y pidió garantizar el «respeto irrestricto a la voluntad popular» expresada en los comicios del 12 de abril.
Cuando se ha contado el 95,4% de los votos, Fujimori recibe el 17,06 %, seguida por Sánchez, con el 12,04 %, y López Aliaga, con el 11,89 %, con una diferencia de 23.289 votos a favor del izquierdista.
EFE
