CARACAS.- La Cámara de la Construcción de La Guaira reportó la identificación de al menos 30 edificaciones destinadas a demolición controlada tras los graves daños estructurales causados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El presidente del gremio regional, Mario Lieghio, informó que el plan de derribo prioritario se concentra en los sectores de Caraballeda y Playa Grande.
“En Playa Grande y hay edificaciones también hacia el lado de Caraballeda, o sea, a todo lo largo. Estamos hablando de 400 edificios que cayeron, aproximadamente mil edificios afectados, unos 30, 39 edificios que tienen que ser demolidos. Es una cantidad considerable, es una cantidad muy importante”, subrayó.
Lieghio califica de “reto de la ingeniería de Venezuela” la más grande reconstrucción de barrios que se llevará a cabo en La Guaira donde “al menos 30 edificaciones están en esa lista para demoler”.
En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, apuntó que “estarán a cargo fundamentalmente las autoridades nacionales, las autoridades estadales y alguna supervisión, alguna participación mínima del sector privado”.
Aclaró que, aunque no es experto en el área de demolición, “soy arquitecto con maestría en sismoresistencia, pero de alguna u otra manera tenemos conocimiento de lo que nos van a orientar las autoridades, tanto bomberiles como militares”.
Explicó que “la definición de una demolición controlada es que tú generas dentro de un perímetro la parte donde podría ser señalada la caída de los escombros y ese perímetro no lo permiten, lo cercan y luego hacen implosión a la edificación”.
Destacó que ese trabajo es producto de “estudios muy precisos, cálculos en cuanto a lo que es la cantidad de explosivos y la expansión de lo que puede generar la explosión y de allí que se haga énfasis en que no todos llevan explosivos, hay algunos que van a ser demolidos con maquinarias”.
Precisó que “el trabajo de la Cámara de la Construcción de La Guaira es sencillamente de apoyo”.
Afirma que se busca que la propiedad privada se respete dentro de todo el plan que en definitiva es necesario para la seguridad y la tranquilidad de la población que está alrededor de estas edificaciones. “Nosotros lo que estamos tratando es apoyar las gestiones de las autoridades”.
“La maquinaria está siendo movilizada a través de la Cámara de la Construcción Nacional y cancelada a través de mecanismos de acuerdo con la Corporación Andina de Fomento”, acotó.
“Hace una semana firmamos un acuerdo entre la sociedad civil de Vargas, a través de una instancia que se llama las redes de sobrevivientes, las diferentes cámaras regionales, Fedecamaras, con la presencia de su vicepresidenta, en donde acordamos que deberíamos definir una fecha límite para el tema de la emergencia”.
“Esa fecha tiene que ser producto de un estudio que se puede desarrollar para no repetir la experiencia de la tragedia de Vargas”, acotó.
Explicó que se está hablando de la creación de un mapa de riesgo que establece dónde y cómo se puede construir. “Es necesario generar un plan maestro de desarrollo del Estado, en donde esté contemplada la construcción, por supuesto, de nuevas viviendas, la reorganización espacial de la ciudad, todo lo que comprende el hecho económico”.
Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio
