CARACAS.- La finalización del TPS y la suspensión del asilo complican y limitan las opciones legales de los venezolanos para entrar de forma legal a los Estados Unidos.
«La vía recomendada es tratar de obtener algún tipo visa laboral, de turista o de inversionista» comentó Omar Ortiz Vélez, abogado del despacho legal de Jaime Barrón, especializado en tema migratorio y con experiencia en procedimientos de deportación y asilo en entrevista para el programa «A Tiempo» por Unión Radio.
Aunado a este tema, una de las mayores preocupaciones es el tema de las deportaciones y el uso extremo de la fuerza por parte de cuerpos como ICE. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas está encargado de cumplir las leyes migratorias y realizar las detenciones correspondientes en caso de ser necesario.
«Si están suspendiendo los asilos, eso significa que le están dando más tiempo a ICE para tomar una acción decisiva en cuanto a la detención de la persona», declaró Véliz sobre cómo las medidas de suspensión se conectaban a la autoridad correspondiente. Además, comentó que el proceso de detención va a continuar, pero están alargando las decisiones así haya una respuesta positiva o negativa de los asilos.
El experto especuló que «esto llevará a una situación donde habrá más detenidos por ICE» y, aunque «en papel podemos decir que las detenciones son equitativas», en la práctica comentó que hay un enfoque más agresivo a países como Venezuela o Nicaragua con medidas como entrevistas de asilo de forma adelantada o la terminación del TPS.
Sobre las denuncias de maltrato o violaciones de derechos humanos que reciben los operativos, argumentó que «muchas de estas detenciones no cumplen con los requisitos de causa probable necesarios». Además, aseguró que una vez los detenidos ya están con ICE no hay manera de intervención y deben buscarse otros caminos legales.
En caso de una situación irregular o una detención que no cumpla con las medidas necesarias, dio como recomendación buscar asesoría legal y, en caso de tener una denuncia por maltrato o violaciones a derechos humanos, independientemente de si la persona ya fue expulsada del país; utilizar la asesoría jurídica para demandar a los Estados Unidos y así llegar a un foro federal o al Tribunal Supremo.
Unión Radio / Roberto Rivas Ortega
