CARACAS.- La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es un instrumento legislativo que ha cobrado gran relevancia en la agenda política venezolana a inicios de 2026, cuyo objetivo es facilitar un proceso de reconciliación nacional mediante la revisión de la situación jurídica de personas detenidas por motivos políticos.
El diputado Luis Augusto Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista -AP-, integrante de la Comisión Especial para impulsar la Consulta Pública del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, señala que tras la aprobación del instrumento legal “hemos estado consultando opiniones, recogiendo propuestas, atendiendo inquietudes e interrogantes de sectores muy interesados en esta ley”.
“Este proceso continuará hasta el día jueves cuando se realizará la sesión de la AN y, en segunda discusión, sería aprobado inmediatamente el texto de la ley”, precisó en entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante.
A su juicio, “si no se incluyen ambos bandos, no hay ninguna garantía de que la paz sea perdurable, duradera y por eso el tema es tan polémico”.
Opina que “un elemento fundamental, indispensable, cardinal en todo esto es la voluntad política de los sectores, en este caso, los que ejercemos cargos de representación y de las autoridades del gobierno y de la oposición”.
“Si no, tendremos herramientas jurídicas extraordinarias, pero que son letra muerta porque no se cumplen”, insistió.
Resalta el alto nivel de participación en la discusión de la norma, tanto de sectores como de individualidades y esto abre un espacio muy sano para lo que se derive de allí pueda ser útil para la paz del país, añadió.
Opina que “es una ley que no está exenta de polémica. Deberíamos comprender la circunstancia que vive el país a partir del 3 de enero cuando hubo un cambio en el tablero que marca un antes y un después”.
Considera que para legislar tras todo lo malo que ha pasado “debemos extraer lo positivo y avanzar en función de la reconciliación de los venezolanos, sobre todo de la paz, que tiene que ser el objetivo último de esta ley”.
Reflexionó que la palabra amnistía proviene de amnesia, de poder olvidar. Ese es un dilema muy duro, porque uno se pregunta ¿dónde quedan la impunidad y la justicia? Ese es parte del debate: el dilema entre justicia y paz”.
Subraya que esta ley no puede dejar por fuera a las autoridades. “Es un sapo grueso que hay que tragar, porque implica que los funcionarios policiales, que habitualmente sean susceptibles de ser sancionados por violaciones de Derechos Humanos también sean incluidos en el perdón de la ley”.
Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio
