JERUSALÉN.- Varias empresas en Israel han anunciado su intención de cerrar el martes, cuando hay convocadas masivas manifestaciones en todo el país contra la polémica reforma judicial, mientras se intensifican los llamamientos para convocar otra huelga general y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, alerta sobre las consecuencias de la desobediencia civil.
La empresa israelí BIG, una cadena de centros comerciales, anunció hoy que cerrará todos sus establecimientos el martes; y decenas de firmas del sector de la alta tecnología han dado ese día libre a sus trabajadores para que puedan acudir a las manifestaciones en una nueva «jornada de la ira», según el movimiento de protestas.
«El pueblo de Israel no quiere una dictadura, y no quiere una legislación dictatorial y peligrosa que colapsará la economía, dañará la seguridad y destrozará al pueblo», afirmaron hoy los líderes de las protestas sobre esta nueva convocatoria «como nunca se ha visto antes en Israel».
Está previsto que la Knéset (Parlamento), donde el Gobierno derechista de Netanyahu tiene una amplia mayoría, apruebe el lunes, en una primera lectura de tres, el proyecto de ley que anula la doctrina de la razonabilidad, que permite al Supremo revocar una decisión gubernamental en base a si esta es razonable o no; uno de los pilares de la reforma judicial que busca socavar la independencia de la Justicia.
«Esta legislación es otro paso para la dictadura y un golpe fatal para la certidumbre económica en Israel. Pondrá en peligro nuestra existencia como empresa líder en Israel. Cuando el país está temblando y desgarrado desde adentro, no podemos quedarnos al margen», afirmó BIG en un comunicado.
Respaldo a la huelga
Por su parte, una decena de empresas del pujante sector tecnológico, se comprometieron a comprar sus suministros en tiendas del grupo.
Junto con las empresas tecnológicas y BIG, más de cien miembros del personal académico y estudiantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén declararon su apoyo a las protestas en una carta abierta publicada el domingo.
«Tiene que ser parte de las protestas. Los derechos de los trabajadores se verán perjudicados”, afirmó Lapid en una entrevista a la radio oficial del Ejército.
A finales de marzo, cuando las calles se incendiaron porque Netanyahu cesó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir abiertamente frenar la reforma judicial.
Hisradrut convocó una huelga general que obligó al primer ministro a congelar la tramitación de esa legislación y abrir un diálogo con la oposición, que se rompió el mes pasado.
Planes de huelga
Las manifestaciones del martes comenzarán con cortes de carreteras y autopistas en todo el país, con la idea de provocar disturbios e interrupciones.
Seguirán en el aeropuerto internacional Ben Gurion, y culminarán frente a la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén y en la avenida Kaplan de Tel Aviv.
«Si el Gobierno no se detiene, todo el país se detendrá», afirmaron hoy estos grupos, que congregaron este sábado a más de 180.000 personas en Tel Aviv y otros cientos de miles en el resto del país.
Sobre el llamamiento de los grupos antirreforma a paralizar el país, Netanyahu pidió hoy un informe a la Fiscalía sobre cómo estos incidentes suponen «violaciones a la ley que vulneran los derechos básicos de millones de ciudadanos», y avisando sobre los peligros de la desobediencia civil.
«Hoy el Gobierno ha solicitado a la Fiscalía General y fuerzas de seguridad sobre qué políticas aplicar en casos de amenazas y agresiones a funcionarios electos, llamadas a la rebelión civil y desobediencia a la ley, bloqueo de carreteras y huelgas ilegales», indicó el primer ministro en su reunión semanal con su gabinete.
Mientras el ala ultraderechista del Gobierno pide mano dura contra los manifestantes y considera que reciben un trato de favor, Netanyahu indicó que «el derecho a manifestarse en el marco de la ley es sacrosanto» pero condenó la «violencia, el bloqueo de las principales arterias de transporte, perturbaciones en el aeropuerto, llamados a no pagar impuestos, hostigamiento de figuras públicas o llamados a revueltas»
«La aplicación selectiva de la ley es una herida mortal para la democracia y el Estado de derecho», agregó.
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EFE
