ROMA.- El colectivo LGTBIQ de Italia se moviliza ante la ofensiva contra las familias homosexuales impulsada por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que en los últimos días ha rechazado el certificado de paternidad europeo y exige a los Ayuntamientos que dejen de inscribir a los hijos de parejas del mismo sexo nacidos en el extranjero.
Ambos movimientos culminaron con la presentación de hasta tres proyectos de ley para declarar «delito universal» la maternidad subrogada efectuada en el extranjero, cuya tramitación comenzó este jueves en la Cámara de Diputados.
Se trata de un nuevo obstáculo para las familias homosexuales en Italia, uno de los pocos estados de Europa occidental en los que el matrimonio igualitario no es legal.
«La gestación subrogada es la excusa, Italia nunca ha regularizado la paternidad de las parejas del mismo sexo, no lo hizo en el 2016 cuando se aprobó la única ley LGTBIQ, que es la de las uniones civiles», apunta a EFE la activista Alessia Crocini, presidenta de la asociación Famiglie Arcobaleno (Familias Arcoiris).
Miles de personas se manifestaron el pasado sábado en Milán (norte), después de que el alcalde de la ciudad, el progresista Beppe Sala, confirmase que detenía el registro de hijos de parejas del mismo sexo nacidos en el extranjero por indicación del Ministerio del Interior, y hoy se ha convocado otra movilización en Génova.
Milán aprovechaba un vacío legislativo para realizar estas inscripciones en el Registro Civil, junto a un puñado de municipios italianos, como el Padua, cuyo regidor, Sergio Giordani, continúa haciéndolo a pesar de todo: «Los alcaldes estamos llamados a actuar con sentido común para proteger la dignidad de las niñas y los niños y sus derechos fundamentales», dijo este miércoles.
Pero el Tribunal Supremo dictaminó en diciembre que los nacidos en otro país por gestación subrogada sólo serán reconocidos como hijos en Italia mediante el proceso de adopción y la ley que rige la procreación asistida en Italia data de 2004, amparando solo estos procedimientos a parejas heterosexuales con problemas de fertilidad.
«Hay padres italianos de hijos que tienen el pasaporte estadounidense (país que permite la gestación subrogada a extranjeros) y no pueden transcribir su certificado de nacimiento», señala Crocini, para quien los menores quedan excluidos del estado del bienestar al no poder acudir «al pediatra o a la escuela pública».
El único camino para estas familias es iniciar un proceso de adopción en los tribunales y esperar la decisión de un juez, complejo en el caso de las familias homosexuales ya que las uniones civiles no disfrutan de las mismas facilidades para la adopción que los matrimonios, indica la activista.
En el caso de una pareja compuesta por dos mujeres, solo la gestante es reconocida como madre biológica en el registro mientras que la otra no cuenta con ningún vínculo legal con el menor.
«Quieren hacer la vida de las personas LGTBIQ más complicada -denuncia Crocini-. Porque es verdad que antes no había ley, pero algunos alcaldes encontraban la manera de formalizar los registros».
Un día después de pedir a los Ayuntamientos que cesaran las inscripciones, el Senado rechazó el «Certificado Europeo de Paternidad» propuesto por la Comisión Europea para que todos los países de la Unión Europea (UE) reconozcan la paternidad de una familia de otro Estado miembro.
La coalición gobernante, encabezada por la formación de Meloni, Hermanos de Italia (FdI), justificó que la propuesta suponía una invasión sobre el derecho nacional y generaba problemas al reconocer a hijos nacidos mediante gestación subrogada en otros países.
En los últimos días, esta práctica de reproducción asistida ha sido el blanco de duros mensajes pronunciados por políticos conservadores como Federico Mollicone, diputado de FdI, quien aseguró en televisión el pasado lunes que «la gestación subrogada es un delito más grave que la pederastia».
El asunto ya ha llegado al Parlamento porque la coalición de derechas quiere añadir a la ley de 2004, que ilegaliza los «vientres de alquiler», la frase «las penas establecidas en el presente artículo se aplicarán también si los hechos se cometen en el extranjero».
En Italia, donde casi el 40 % de la población se opone al matrimonio igualitario según una encuesta realizada por Istat en 2021, las medidas cuentan con el respaldo de organizaciones como Provita y Famiglia, que celebró en un comunicado «los duros golpes para el lobby LGTBIQ italiano».
«Como suele ser habitual atacar a las minorías, como los inmigrantes o el colectivo LGTBIQ, es un buen modo de distraer a la opinión pública de otros problemas», contrastó, por su parte, Crocini.
EFE
