CARACAS.- La Asociación de Comerciantes e Industriales de Lagunillas -ACIL- ha jugado un papel fundamental en la reciente Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada en enero.
La relevancia de esta asociación para la nueva normativa se centra en la devolución al sector privado de empresas de servicios conexos, como transporte, mantenimiento y lanchas, que fueron intervenidas u ocupadas por el Estado en 2009.
Luigi Caprio, presidente de ACILL, señaló que desde hace tres años y veníamos empujando esa reforma o derogatoria de la ley de mayo del 2009, que afectó a nuestro parque de contratistas que están en la orilla del lago de Maracaibo, en la costa”.
“La reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos fue para nosotros un avance bastante importante”, subrayó en entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio.
“Tengo que agradecer también el apoyo del Consejo de Comercio llevarnos a lograr ese objetivo”, acotó.
No obstante, destacó que ahora queda el segundo paso, que es igual de importante: tratar que de alguna forma con algún decreto u otra ley especial, el gobierno tome la iniciativa de repartir, pagar o devolver esos bienes que fueron afectados en 2009”.
“Tenemos los muelles, que son de vital importancia para nosotros, porque eso sería el pilar fundamental para un aumento de la producción petrolera, ya que de ahí saldrían las unidades lacustre, las barras de perforación, las unidades que prestan servicio a los pozos, a las estaciones de flujo que se encuentran en el lago Maracaibo, eso sería importantísimo”, recalcó.
Señaló que el sector está expectante ante la inversión que llegará a la zona “porque acá tenemos la infraestructura petrolera existente, contratistas expertos en la ciudad, petróleo en tierra y petróleo en lago. Todo eso va a acarrear mano de obra, por supuesto, nosotros estamos ya atentos a que las empresas empiecen a capacitar nuevamente”.
“Nosotros hace tres años aproximadamente hicimos un trabajo de recolectar toda esa información que fue entregada a PDVSA. Me atrevería a decir más de 50 empresas que fueron afectadas. Recibimos información sobre los bienes que fueron afectados, las propiedades, las indemnizaciones”, insistió.
Advierte que ahora viene un gran trabajo y considera que “el gobierno debería abrir el compás y empezar a recibir esas solicitudes, porque cada empresa tiene un caso diferente”.
“Pero han pasado muchos años, más la inflación y la devaluación, hay que sentarse nuevamente para que esta gente reciba un justo precio de los bienes”, destacó.
Opina que la ACILL podría reunir a los afectados junto con una comisión del gobierno y colaborar para que se dé lo más pronto posible”.
Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio
