CARACAS.- La posible reforma a la Ley Orgánica del Trabajo -LOTTT- en Venezuela se ha convertido en el eje central del debate económico tras los recientes ajustes del ingreso mínimo. Las discusiones apuntan a una flexibilización del marco normativo vigente desde 2012, impulsada por sectores gremiales y bajo evaluación del Ejecutivo nacional.
El economista Demetrio Marotta Lanzieri, profesor-investigador y director de Extensión del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IIES- de la Universidad Católica Andrés Bello -UCAB-, considera que una posible reforma “es un aspecto de crucial importancia ante una Venezuela que está a las puertas de un nuevo ingreso a los mercados internacionales y a la inversión extranjera”.
A su juicio, “es necesario que el marco normativo legal, relativo a las relaciones laborales, sea reformado para atender las exigencias de esa inversión extranjera y de las posibilidades de ajustar los mercados laborales venezolanos a las normativas o condiciones de flexibilidad y de apertura que se requieren”.
En entrevista a Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio, aseguró que “es imperativo que se abandone una Ley del Trabajo obsoleta, cuyos actores fundamentales no están siguiendo al pie de la letra lo que esa ley ordena”.
Insiste en que la reforma debe atender todo lo que tiene que ver con los convenios firmados por Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo -OIT-. “Desde el 2022 se viene adelantando un foro de diálogo social, conjuntamente con la OIT, donde están precisamente sentados en nombre de cámaras las representaciones sindicales fundamentales y el Estado”.
“No podemos seguir atendiendo a unas prestaciones sociales que de alguna manera son inviables, tanto el sector público como para el privado y, no es que se abandonen esos derechos laborales, sino que sencillamente se tienen que negociar de otra manera”, aclaró.
Explica que “debe seguir manteniéndose la figura del salario mínimo, solo que las bases de cálculo deben ser realistas, deben atender por supuesto a unas condiciones de un salario digno que permita adquirir una canasta alimentaria básica por parte del trabajador y, en ese sentido, los métodos de cálculo tienen que basarse en datos reales, transparentes, publicados por los entes oficiales y entonces las empresas, tanto nacionales como extranjeras, tengan muy claro cuáles son los costos transaccionales de contratar o despedir trabajadores”.
“De esa manera se equilibraría las condiciones de juego dentro de un mercado laboral eficiente y transparente”, acotó.
Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio
