LA HABANA.- El Gobierno de Cuba calificó de «criminal y genocida» el propósito de las nuevas sanciones anunciadas este lunes por Estados Unidos contra el Ministerio de Turismo de la isla y nueve entidades estatales.
«El anuncio del 13 de julio de medidas coercitivas adicionales es manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.
En su mensaje, el jefe de la diplomacia cubana denunció que el gobierno de Estados Unidos «continúa reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento».
El Departamento de Estado de EE.UU. comunicó este lunes que designó «a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente».
Además de el Ministerio del Turismo, las sanciones afectan a Enetec, S.A., una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países, y el Grupo Empresarial de Transporte marítimo Portuario (GEMAR).
Otras entidades gubernamentales como las Milicias de Tropas Territoriales (MTT); la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana ACRC) o las Brigadas de Respuesta Rápida están incluidas en esta nueva ronda de sanciones con el objetivo de forzar a un cambio político en la isla caribeña.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el pasado sábado que Washington «seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor».
Hace dos semanas, EE.UU. sancionó a cinco entidades estatales vinculadas al conglomerado militar empresarial cubano Gaesa: Rafin, el Banco Financiero Internacional (BFI), la entidad logística Almacenes Universales y la empresa siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba que fue modernizada recientemente con fondos rusos.
Además incluyó entonces a GeoMinera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos con inversión de la australiana Antilles Gold y otras entidades extranjeras, y a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo del expresidente Raúl Castro.
EFE
