BOGOTÁ.- Olmedo López y Sneyder Pinilla, que confesaron delitos en la mayor trama de corrupción del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, fueron enviados por razones de seguridad y para protegerles su vida a guarniciones militares en donde seguirán presos, según lo determinó este sábado un juez de Bogotá.
«Nunca había encontrado una audiencia en la que todas las partes estuvieran de acuerdo sobre cuál es la medida que se debe imponer ni en qué condiciones se debe cumplir, ello para referirme que de alguna manera facilita la decisión porque no existe una controversia que sea necesario abordar de fondo», dijo el juez Cidulfo Hernández.
Igual medida impuso para el contratista Luis López, durante una audiencia realizada en el complejo judicial de Paloquemao de Bogotá.
La Fiscalía informó en un comunicado que la decisión resaltó que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acreditó la participación de los exfuncionarios y el excontratista en un entramado de corrupción, que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para cubrir obras de mitigación de emergencias y suministro de agua potable para las comunidades indígenas de La Guajira.
Durante la diligencia el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad Sneyder Pinilla, y el contratista Luis López, fueron imputados por cinco delitos.
Los cargos imputados, que no fueron aceptados, son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Las evidencias por la Fiscalía dan cuenta de que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas.
Esto les permitió, según la Fiscalía, inscribir empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos y también «acordó el pago de dádivas de hasta el 14 % del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos».
EFE
