sábado, abril 25, 2026
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Gobierno español propone a experta en violencia de género como nueva fiscal general

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MADRID.- El Gobierno español propone como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato Martín, una experta en la lucha contra la violencia de género, después de que ayer lunes renunciara al cargo Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por revelación de datos reservados.


El consejo de ministros iniciará este martes el proceso para nombrar a Peramato Martín.


Según informaron este martes fuentes del Ministerio de Justicia, la elección de Peramato, hasta ahora fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se realiza a propuesta del ministro Félix Bolaños.


Una vez aprobada la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, deberá emitir un informe no vinculante y, posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.


Cuando se hayan realizado estos trámites, el Ejecutivo acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.


Peramato (Salamanca, 1962) que también es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y, según las mismas fuentes, tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos.


Con una amplia trayectoria, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.


Peramato ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.


Tras conocerse la condena a García Ortiz el pasado 20 de noviembre, el Ejecutivo, que mostró su disconformidad con la decisión del Supremo, afirmó que se preparaba para buscar un sustituto y lo ha dado a conocer al día siguiente de la renuncia de García Ortiz.


La propuesta de nueva fiscal general se produce en un momento de gran tensión política entre el Gobierno de coalición progresista y los partidos que lo apoyan y, por otra parte, los partidos de derecha y ultraderecha a propósito de la condena a García Ortiz, mientras crecen las voces que critican la politización de algunas instancias de la Justicia.

EFE

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