CARACAS.- El Estado de Emergencia Económica se encuentra actualmente vigente y prorrogado por 60 días más, según la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-. Esta medida otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para adoptar normativas orientadas a proteger la economía nacional y asegurar el acceso a bienes y servicios.
Luis Enrique Gavazut, economista, analista e investigador en ciencias sociales, explica que “el contexto sigue siendo, por supuesto, la vigencia plena de las medidas coercitivas unilaterales, llamadas sanciones, sobre la economía venezolana y además aderezado con la vigencia plena operativa del bloqueo naval militar en el mar Caribe sobre todas las exportaciones e importaciones por vía marítima de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente las exportaciones petroleras”.
En entrevista a Saul Noriega y Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio, agregó que, a raíz de la flexibilización de las sanciones que ha adelantado Washington a lo largo de 2026, “se ha determinado que todo el producto de las ventas de petróleo, ahora también se ha añadido el oro, debe ir a cuentas del Tesoro estadounidense y ser administradas directamente por las decisiones que tome específicamente el Secretario de Estado, Marco Rubio”.
“Eso hace que el ingreso fiscal en divisas de la República esté bajo control de potencia extranjera y eso determina la necesidad de poder el gobierno, el Ejecutivo Nacional, digamos diversificar los canales alternativos que puedan no estar bajo el control de este mecanismo tutelar financiero que impone Washington”, añadió.
Precisó que “el decreto de emergencia económica contempla en su articulado una serie de medidas que facilitan esa acción ejecutiva para proveer a canales alternativos para el financiamiento del presupuesto nacional en divisas”.
Pese a las sanciones, “con el decreto de emergencia económica se puede facilitar la captación y atracción de inversiones nacionales e internacionales de una manera expedita.
«Es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de este año, aun cuando muy limitadamente, porque el más reciente paquete de flexibilización de sanciones, de licencias generales de la OFAC, (Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos) no permite la celebración de contratos, sino de memorandos de entendimiento, y cada contrato debe ser revisado primero por Washington para su aprobación”, subrayó.
Explicó que el decreto de emergencia agiliza los trámites burocráticos y legales constitucionales necesarios para el otorgamiento de contratos y concesiones de envergadura.
«Permite que la ley de contrataciones públicas, la ley de endeudamiento público y la ley de licitaciones, que exigen imponer una serie de controles por parte de la Asamblea Nacional, puedan obviarse legalmente en virtud del decreto de emergencia económica”, enfatizó.
Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio
