MADRID.-España estrena este martes una reforma en el reglamento de Extranjería que pretende regularizar a unos 900.000 inmigrantes en tres años, aunque organizaciones civiles alertan de que puede impactar en la pérdida de derechos de algunos colectivos.
Se trata de una «ambiciosa reforma», según el Gobierno español, que adapta la normativa europea para responder a la realidad migratoria bajo una perspectiva de defensa de los Derechos Humanos.
Entre otras medidas, modifica la figura de arraigo, reduce el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.
Sin embargo, oenegés e instituciones como el Defensor del Pueblo llaman la atención sobre un aspecto de la reforma que establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará para optar al arraigo, por lo que una persona cuya petición sea denegada caerá en la irregularidad hasta por dos años para conseguir los papeles.
EFE
