MADRID.- El primer mes de solicitud para la regularización extraordinaria de inmigrantes ha dejado en España imágenes de largas filas para conseguir los documentos necesarios, atascos burocráticos por no poder acceder al certificado de antecedentes penales necesario y un incumplimiento de plazos en muchos casos.
Despachos de abogados, entidades sociales y solicitantes de la medida explicaron a EFE que muchas notificaciones de admisión a trámite no están llegando en el plazo previsto y, las que lo hacen, no permiten a los beneficiarios trabajar aún legalmente, como prometió el Gobierno.
El Ejecutivo recibió en las primeras dos semanas unas 200.000 solicitudes.
La previsión es de al menos medio millón de beneficiarios que residan en España desde antes del pasado 1 de enero y demandantes de asilo que lo hayan pedido antes de esa fecha, siempre que acrediten un mínimo de cinco meses seguidos en el país cuando presenten la solicitud y no tengan antecedentes penales.
De las aglomeraciones a un flujo más normalizado
Los primeros días se caracterizaron por grandes aglomeraciones a las puertas de las ONG y dependencias municipales autorizadas para expedir el certificado de vulnerabilidad, un requisito incluido en el último momento y que solo es obligatorio en algunos casos.
Una de las entidades con más afluencia fue la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En su delegación de Madrid se acumularon cientos de personas que, incluso, pasaban la noche allí.
La directora de CEAR, Mónica López, señaló que, un mes después, ya ha bajado «muchísimo» el flujo de inmigrantes, aunque se espera un repunte a mediados de junio de quienes aún esperan obtener el documento de antecedentes penales y otros documentos.
Admisiones a trámite que no permiten trabajar
El despacho de abogados de extranjería Legalteam ha formalizado solicitudes para la regularización desde el primer día.
A pesar de que el Gobierno aseguró que, en el plazo de 15 días, los interesados recibirían una notificación de que la petición se había admitido a trámite, lo cierto es que esta primera comunicación está llegando «a cuentagotas», según su director, Guillermo Morales.
Añadió que estas autorizaciones provisionales no están llegando por orden de presentación de los documentos, lo que está generando mucha «angustia» entre los solicitantes.
En teoría, este primer papel de la administración que reciben los inmigrantes los autoriza a trabajar, pero en la práctica no incluye el número de afiliación a la Seguridad Social, que debe llegar un tiempo después por correo postal, así que deben esperar.
De momento, Legalteam no ha recibido ninguna concesión definitiva de autorizaciones, para lo que hay hasta tres meses de plazo o incluso más si el solicitante demuestra tener problemas para obtener el certificado de antecedentes penales. Profesionales como Morales dudan de que este plazo se vaya a cumplir.
CEAR sí está recibiendo las admisiones a trámite a tiempo, pero detecta problemas como dificultades para conseguir cita para la solicitud presencial y limitaciones para formalizar las peticiones en la plataforma digital, ya que cada abogado puede tramitar un máximo, de cinco diarias.
Los cubanos y el problema de los antecedentes penales
A estas trabas se añade la dificultad de conseguir el certificado de antecedentes penales de personas procedentes de algunos países.
Si el solicitante no obtiene respuesta después de un mes, según la normativa, podrá demostrar que lo ha intentado y entonces será el Gobierno español quien lo solicite por la vía diplomática. Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, la solicitud será desistida.
Pero esta vía no funciona, opina Morales (Legalteam), para países donde es prácticamente imposible conseguir un documento que certifique que se han pedido los antecedentes: «Nos preocupa muchísimo la situación de auténtica vulnerabilidad de los cubanos, que probablemente se van a ver imposibilitados para poder acogerse», advirtió.
Estos problemas se extienden a otros Estados como Argelia, donde, según explica Redwan Baddouh, de Regularización Ya, la embajada española no permite la legalización del certificado al ofrecer citas para fechas posteriores al fin del plazo de la regularización, el próximo 30 de junio.
Más tiempo
La portavoz de Regularización Ya, Vicky Columba, asegura que durante este primer mes son las pequeñas entidades las que han «suplido» el rol de las administraciones, que «no se aclaran» sobre ciertos aspectos del proceso.
Por eso demanda una ampliación del plazo de presentación de solicitudes por todos estos problemas y el fin de las expulsiones: «No se puede regularizar con una mano y deportar con la otra firmando acuerdos millonarios con aerolíneas que se lucran de las personas migrantes», denunció.
EFE
