LIMA.- La defensa legal de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este jueves a la Justicia de su país que ordene al Ministerio Público que denuncie constitucionalmente a la gobernante ante el Congreso o archive la investigación que le sigue por un presunto caso de corrupción conocido como el ‘Rolexgate’.
La audiencia de control de plazo de la investigación contra la presidenta peruana por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, estuvo a cargo del juzgado supremo de investigación preparatoria, que dirige el juez Juan Carlos Checkley.
El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, pidió al magistrado que se cumpla con la exigencia de control de plazo que ordena la ley para todas las investigaciones preliminares que realiza la Fiscalía a altos funcionarios.
«Solicitamos que se declare fundada la solicitud de control de plazo y, en esa perspectiva, se ordene al Ministerio Público la conclusión de la presente investigación preliminar», señaló.
El abogado pidió a Checkley que, en correspondencia con esa decisión, ordene a la Fiscalía que «formule denuncia constitucional al Congreso de la República o, en su defecto, archivar el caso».
«El estado de la investigación al día de hoy ha vencido, con 177 días de exceso desde nuestra perspectiva», añadió.
En respuesta, el fiscal adjunto supremo Luis Germaná afirmó que para el Ministerio Público «este tema de los plazos está clarísimo» y no se ha vulnerado el principio de legalidad procesal y el derecho al plazo razonable, tal como alegó Portugal.
Añadió que un primera carpeta fiscal dispuso el 18 de marzo pasado que se realicen diligencias preliminares por 60 días, pero el 17 de mayo se declaró compleja esta investigación y se fijo el plazo de investigación preliminar en 8 meses.
«Los que evidentemente, a criterio de esta fiscalía, deben ser computados a partir de esa fecha, por lo que el vencimiento recién se produciría el 16 de enero de 2025», sostuvo.
Germaná dijo que la Fiscalía necesitó el plazo de investigación más extenso para realizar una serie de pericias y la «revisión de nutrida documentación, complicados análisis técnicos» y pericias contables y financieras.
«Para nosotros resulta contradictorio que por un lado se señale que el plazo de la investigación está vencido y, por otro lado, la parte investigada siga presentando sendos escritos impulsando y participando en esta investigación», concluyó.
Al término de la audiencia, el juez Checkley informó que evaluará los alegatos y notificará su decisión a las partes en el plazo que establece la ley.
La audiencia debía celebrarse el 28 de agosto pasado, pero fue postergada por Checkley debido a la elevada carga procesal que tiene actualmente este juez.
La jefa de Estado, quien cuenta con inmunidad para ser procesada, es investigada por la presunta comisión de delitos de cohecho y corrupción, después de que un reportaje periodístico revelara que usaba más de una decena de relojes de lujo, varios de ellos Rolex, en sus viajes y ceremonias oficiales, así como pulseras y aretes de oro con brillantes, que no había declarado previamente.
Boluarte afirmó que las piezas fueron un préstamo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien llamó su ‘wayki’ o amigo en quechua, pero los reportajes señalaron que algunas de las prendas fueron adquiridas y entregadas a la mandataria el día de su cumpleaños.
La investigación se abrió en marzo pasado y, desde entonces, Boluarte y Oscorima han sido citados a declarar ante la Fiscalía, y además, las prendas fueron decomisadas por el Ministerio Público.
Debido a esta investigación, la Fiscalía ordenó el allanamiento del domicilio de Boluarte y sus oficinas en Palacio de Gobierno, pero ante la negativa de la mandataria de permitir el acceso a su casa en Lima, el equipo policial de apoyo al ente judicial tuvo que derribar la puerta de ingreso.
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EFE
