CARACAS.- El abogado especialista en propiedad intelectual, Matías Pérez Irazabal, socio de la firma PI 360 legal y miembro del comité antipiratería de la Organización Internacional de Marcas, advirtió que padres y representantes pueden ser víctimas de la piratería en los textos escolares al destacar que este problema “no solo abarca artículos de moda”.
Lamenta que dicha práctica “golpee a la industria nacional que dedica muchos recursos a satisfacer necesidades de diagramadores y profesores”.
En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio Dos Más Dos de Unión Radio, subrayó que ese mercado informal «vende los libros a montos significativamente inferiores y no pagan impuestos”.
Explicó que “cada vez la capacidad de reproducción y de copiar es mejor y es más difícil diferenciar uno de otro”.
Detalló que algunos de estos textos piratas están anillados lo que deja ver claramente que son copias, pero “hay otras que son las más peligrosas que tienen la capacidad de poder reproducir prácticamente lo que sea, algunos pueden entrar de Colombia o ser reproducidas en el centro del país”.
Apuntó que las autoridades reciben las denuncias, pero los tiempos no son satisfactorios porque, en el caso de textos escolares, el ciclo de venta es de solo 2 meses “y el reto de llevar a cabo una investigación para determinar el origen de esos textos es muy difícil”.
Subrayó que además hay una sola fiscalía nacional para propiedad intelectual y tiene que investigar no solo las falsificaciones de textos escolares, sino de una diversidad de productos como medicinas, zapatos, carteras, productos de belleza, etc.
Puntualizó que muchas falsificaciones son hechas en el país sobre todo en la frontera colombo-venezolana. “En Colombia hay una gran capacidad de reproducción, tienen una gran industria, podríamos decir que son los chinos de Latinoamérica”.
En cuanto a la información que destaca la caída nuevamente de Venezuela al último puesto en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2023, aclaró que este índice estudia la duración de los derechos, la cobertura, las restricciones y los mecanismos de defensa” y, aunque Venezuela es miembro de muchos tratados internacionales “hay un tema de voluntad política”.
Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio
