DENVER.- Unos 100 inmigrantes venezolanos detenidos en Colorado no podrán ser deportados a El Salvador luego de que una jueza dictaminara este martes que el Gobierno federal no puede expulsar a dos de ellos sin antes revisar sus casos o brindarles la oportunidad de una audiencia ante un juez.
La jueza Charlotte N. Sweeney falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que representa a los dos venezolanos, de 25 y 32 años, quienes no fueron identificados.
El dictamen afecta el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos de deportar a El Salvador a unos 100 hombres venezolanos actualmente alojados en el centro de detención de la empresa privada GEO en Aurora, al este de Denver.
«Por primera vez en meses podemos respirar aliviados», dijo Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, tras la decisión.
«Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía», expresó la abogada.
En un audiencia este lunes ante Sweeney, los abogados del Gobierno federal argumentaron que una restricción judicial «obstaculizaría la capacidad del Gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración», incluyendo «arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que puedan representar un peligro para la sociedad.»
La jueza desestimó esa postura, subrayando que ACLU demostró que los inmigrantes «corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente» y que «sufrirían daños irreparables» si quedasen encarcelados en El Salvador.
EFE
