BRUSELAS.- La economía europea se encamina a una recesión en los primeros meses de 2023 empujada por una inflación galopante, el impacto de unos costes energéticos desorbitados y las subidas de tipos decretadas por el BCE para aliviar los precios.
Tras una primera mitad de 2022 mejor de lo esperado por la reactivación tras la pandemia de coronavirus, el impacto de la guerra rusa contra Ucrania, que ha encarecido aún más la energía y las materias primeras, favoreció en el tercer trimestre un frenazo del PIB que, si bien fue menor del esperado, se agravará hasta llevar a la recesión técnica en el primer trimestre de 2023, según las previsiones de la Comisión Europea.
Más allá de la contracción del 0,1 % del PIB que vaticina Bruselas al inicio de año, el principal reto para el bloque es una inflación que ha alcanzado niveles récord, superando el 10 % en noviembre en la eurozona, afecta ya a toda la cesta de la compra y solo tiene visos de moderarse a lo largo del próximo ejercicio.
En los próximos meses, ha reconocido el Eurogrupo, se tratará de adoptar acciones temporales y más enfocadas en los hogares y empresas vulnerables para apoyarles, pero sin desincentivar la reducción de la demanda energética o hacer descarrilar unas finanzas públicas ya deterioradas a raíz de la pandemia.
«Si estas medidas se prolongasen para todo 2023, esto agravaría el déficit en un 2 % en general entre los Estados miembros, así que lo que estamos pidiendo es hacerlas más específicas y no solo prolongar lo que ya está», dijo hace unos días en la Eurocámara el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, recordando que Bruselas sugiere un sistema dual en el que se subvencione una parte del consumo energético y el resto se pague a precio de mercado.
Las dificultades económicas que atraviesa la UE están en gran medida marcadas por el pulso energético con Rusia, que desde la invasión de Ucrania ha ido limitando o cortando el bombeo de gas al club comunitario mientras Bruselas acusa a Moscú de manipular los precios y utilizar la energía como «arma de guerra».
La UE, que antes del conflicto compraba en Rusia el 40 % del gas que consume, ha reducido esa dependencia hasta caer por debajo del umbral del 10 %, a cambio de convertir a Noruega en el primer suministrador de la UE y de pagar precios desorbitados por entregas de gas natural licuado (GNL) de países como Estados Unidos, Nigeria, Catar o Azerbaiyán.
Ese contexto ha propiciado algunas decisiones rápidas para prepararse para el presente invierno, como planes de ahorro de energía o acelerar el llenado de los depósitos de gas, así como recuperar parte de los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
Los Veintisiete han conseguido cerrar, «in extremis», una compleja negociación para establecer un precio máximo a las compras de gas en los contratos mayoristas indexados al índice TTF de Ámsterdam, que será de 180 euros siempre que se dé además una diferencia de más de 35 euros respecto a otros mercados internacionales de GNL.
Y el próximo curso, los socios comunitarios se zambullirán en una reforma del mercado eléctrico para que la carestía del gas no se contagie automáticamente a la factura de la luz, debate este último que se espera domine la agenda energética comunitaria de 2023.
}EFE
