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Organización de las Naciones Unidas/ Archivo

Tribunal ONU lamenta que juez condenado en Turquía no haya sido reelegido

03/07/2018 | 07:58 am


BRUSELAS.- El Mecanismo de Tribunales Penales Internacionales (MICT) de la ONU lamentó hoy que su magistrado Aydin Sefa Akay, condenado en Turquía, no haya sido reelegido en su puesto junto a otros colegas para otro mandato, y advirtió de las consecuencias para la justicia criminal internacional.

El presidente del MICT, Theodor Meron, expresó en un comunicado que «lamenta profundamente» y que «respetuosamente está en desacuerdo» con la decisión del secretario general de la ONU de reelegir por un nuevo mandato de dos años y medio a todos los jueces del tribunal que querían renovar su cargo menos a Akay.

Akay fue condenado el pasado 14 de junio por un tribunal a siete años y medio de cárcel, acusado de pertenecer a la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, al que el Gobierno turco acusa de haber organizado el fallido golpe de Estado de julio de 2016.

Meron afirmó que el arresto de Akay en septiembre de 2016 y el procedimiento en su contra son «inconsistentes» con su inmunidad diplomática por formar parte de las Naciones Unidas.

«Entiendo que la decisión de no reelegir al juez Akay se basó en información proporcionada por el Gobierno de Turquía al Secretariado de la ONU sobre que ya no cumple las cualificaciones (…) a causa de ser un convicto», señaló el MICT.

Para el presidente del Tribunal, aceptar la posición del Gobierno turco en este caso «representa una aceptación de facto de las acciones de un Estado que contravienen la inmunidad diplomática aseverada por las Naciones Unidas», lo que a su juicio supone «establecer un precedente peligroso».

Akay era magistrado en el caso por genocidio contra el exministro ruandés de Planificación Augustin Ngirabatware, que examina el MICT.

Esa corte ya había pedido a Ankara con anterioridad que liberase al juez -amparado por la inmunidad diplomática- en una orden que el MICT consideró «vinculante» para Turquía, según una resolución de 2010 del Consejo de Seguridad que obliga a todos los países a cumplir con los mandatos del tribunal.

Sin embargo, Turquía ignoró esa petición y ello obligó a detener el caso de Ngirabatware, que fue condenado a 35 años de cárcel en diciembre de 2013 por el extinto Tribunal Penal Internacional para Ruanda por su implicación en el genocidio que asoló ese pequeño país africano en 1994, y cuya revisión de condena examina ahora el MICT.

EFE

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