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El exmiliciano filipino Edgar Matobato responde a preguntas durante su declaración ante el Senado de Filipinas (AP)

Testigo dice que presidente de Filipinas ordenó asesinatos

15/09/2016 | 08:51 am


MANILA.-Un exmiliciano filipino testificó el jueves ante el Senado del país que el presidente, Rodrigo Duterte, cuando aún era alcalde de la ciudad de Davao, le ordenó a él y a otros miembros de un escuadrón de la muerte matar a delincuentes y rivales en asaltos que causaron unos 1.000 fallecidos.

Edgar Matobato, de 57 años, dijo en la sesión del Senado televisada para toda la nación que escuchó como Duterte ordenó algunos de los asesinatos y reconoció que él mismo perpetró unos 50 de los secuestros y ataques letales, incluyendo a un hombre con el que dieron de comer a un cocodrilo en 2007 en Davao, en el sur del país.

La investigación del Senado está encabezada por la senadora Leila de Lima, una firme crítica de la campaña antidroga de Duterte que ha terminado con la vida de más de 3.000 presuntos narcotraficantes y drogadictos desde que asumió la presidencia del país en junio. Duterte ha acusado a Lima de estar implicada en el mundo de la droga, alegando que tenía un conductor que tomó dinero de capos detenidos; ella niega las acusaciones.

Matobato explicó también que Duterte llegó a emitir una orden para matar a de Lima, cuando era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e investigaba la posible implicación del regidor en asesinatos extrajudiciales en 2009 en Davao. Contó que él y otros compañeros esperaban tenderle una emboscada, pero no fue a la parte de una zona montañosa — una supuesta fosa común — donde tenían previsto dispararle.

«Si hubiese ido a la parte superior, nosotros ya estábamos en posición de emboscada», dijo Matobato a de Lima. «Fue bueno que se marchara.

Los asesinatos más recientes de supuestos narcotraficantes generaron preocupación en Filipinas y entre funcionarios de Naciones Unidas y Estados Unidos, incluyendo el presidente Barack Obama, que ha instado al gobierno de Duterte a parar los ajusticiamientos y a asegurar que su guerra contra la droga cumple con las leyes de derechos humanos y el Estado de derecho.

AP