Este tipo de prácticas está considerada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como tortura en contra de la población LGTBI.

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En concreto, el alto tribunal estadounidense descartó admitir una impugnación presentada por un grupo cristiano en contra de una ley del estado de Washington (noroeste) que prohíbe las pseudoterapias de reorientación sexual, informaron medios locales.

Seis de los nueve jueces del Supremo decidieron no aceptar el caso, por lo que dicha ley seguirá intacta en Washington, uno de los más de 20 estados del país que tiene vetadas estas prácticas.

El demandante, Brian Tingley, un consejero matrimonial apoyado por grupos cristianos, argumentó que la legislación estatal viola su libertad de expresión porque le prohíbe hablar a sus clientes de estas terapias.

Sin embargo, la mayoría del alto tribunal le respondió que la ley regula conductas profesionales y no la libertad de expresión.

Los jueces conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh se mostraron favorables a estudiar la impugnación.

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EFE

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El caso, conocido como «Estados Unidos contra Rahimi», forma parte de la lista de temas que los jueces de la mayor instancia judicial del país abordarán a partir de otoño tras el receso de verano.

La mayoría conservadora del alto tribunal es partidaria de ampliar el derecho a la posesión de armas en el país, como demostró el año pasado, cuando tumbó una ley de Nueva York que prohibía llevar las armas visibles en la calle.

En concreto, el Supremo estudiará el caso de Zackey Rahimi, un vendedor de drogas en Texas que fue sentenciado a seis años de prisión por violar la prohibición de posesión de armas que se le había impuesto por haber golpeado y amenazado con disparar a su novia en 2019.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos confirmó en un inicio la sentencia, pero la anuló después de que el año pasado el Supremo revisara la jurisprudencia sobre posesión de armas en el caso de la ley de Nueva York.

La fiscalía ha elevado el asunto de Rahimi hasta el Supremo alegando que durante décadas se ha prohibido poseer armas a las personas que suponen una amenaza para la seguridad de los demás.

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La denuncia fue acogida por la Segunda Sala Criminal Federal de Belo Horizonte, implica a 16 personas y a 2 empresas, la brasileña Vale y la alemana TÜV Süd, por 270 cargos de homicidio, además de delitos de contaminación y por daños contra la fauna y flora.

Este martes era el último día hábil que tenía el tribunal para admitir la denuncia, antes de que prescribieran los delitos ambientales.

Entre los denunciados figuran el expresidente de Vale Fábio Schvartsman y otros diez ejecutivos e ingenieros de la minera, así como Chris Peter-Meier, director de Desarrollo de Negocio de Tüv Süd, empresa que firmó el informe técnico que atestiguaba la seguridad de la presa siniestrada.

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El presidente @alferdez convocó a @gerpmartinez y @CaroGaillard para entregarles el pedido de Juicio Político a los miembros de la CSJN que impulsa junto a los gobernadores, y les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo.https://t.co/vwX8hnoNTN pic.twitter.com/qoQeCcKxnO

— Casa Rosada (@CasaRosada) January 4, 2023

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La petición había sido presentada por esos 19 estados argumentando que el levantamiento del Título 42, previsto para este 21 de diciembre, iba a provocar «un daño masivo e irreparable a los estados, en particular a los que soportan las consecuencias de la inmigración irregular».

La decisión del juez John Roberts es temporal y las partes implicadas tienen hasta este martes a las 22.00 GMT para responder ante el Supremo. Cuando reciba la respuesta el Supremo deberá decidir si permite que el Título 42 se mantenga en pie mientras las cortes en menor instancia resuelven el caso.

Un tribunal federal en el Distrito de Columbia había fallado a mediados de noviembre ordenando la suspensión del Título 42, decisión que fue apelada por los fiscales de 19 estados y por el gobierno de Joe Biden.

En su demanda ante el Supremo, los fiscales dieron por hecho este lunes que el fin de esta política iba a conllevar un aumento de cruces fronterizos, de modo que las autoridades estatales deberán «dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica».

El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2,7 millones de migrantes, la mayoría desde el linde con México.

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