El organismo señaló que Castillo, quien cumple prisión preventiva mientras es procesado por su fallido golpe de Estado y un caso de corrupción, fue llevado al Hospital II de la Seguridad Social en el distrito limeño de Vitarte a las 9.55 horas (14.55 GMT).

Tras indicar que el exmandatario sufrió «una descompensación en su salud», agregó que «actualmente se encuentra estable y viene siendo atendido por personal médico».

El instituto penitenciario añadió que «la salud de los privados de libertad es una prioridad para el INPE en todo el país».

Por su parte, el sistema de seguridad social EsSalud detalló en un comunicado que Castillo llegó al servicio de emergencia del hospital «por dolor en el pecho» y que se le están practicando «los exámenes y monitoreos respectivos».

«Se encuentra estable, con evolución favorable, permanece en observación», agregó.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, también declaró a periodistas que ha sido informado de que Castillo «ya está estabilizado».

Tras indicar que ha conversado sobre este tema con el ministro de Justicia y Derechos Humaos, Eduardo Arana, expresó su «solidaridad con la salud» del exgobernante y dijo que esperan «una pronta recuperación».

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«El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022», publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

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«Pido que se reflexione y se vea como esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política», dijo Castillo desde prisión al intervenir remotamente en la audiencia.

El exmandatario permanece arrestado desde el 7 de abril, cuando fue detenido tras anunciar en un discurso la disolución del Congreso, gobernar por decreto, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente, lo que ha sido interpretado mayoritariamente como un fallido intento de golpe de Estado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó el pasado 15 de diciembre la prisión preventiva contra Castillo tras señalar que había encontrado «fundados elementos de convicción» de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Este miércoles, el expresidente afirmó que «jamás» ha cometido un delito de rebelión, que no se ha levantado en armas y que tampoco ha llamado a levantarse en armas a nadie.

«Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno», señaló respecto a las 28 víctimas que han fallecido en protestas ocurridas en el país las últimas semanas.

En dichas protestas, que comenzaron tímidamente el mismo 7 de diciembre y se extendieron a distintos puntos del país el 11, los manifestantes tienen distintas reclamación que incluyen su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

«Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi Gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia (destitución) y otras artimañas», consideró.

Castillo pidió que cese el odio y solicitó su libertad porque es «un justo derecho».

También dijo que hasta la fecha está incomunicado y que no ha tenido acceso telefónico para llamar a su familia y solicitó que se le da la oportunidad de poder hablar con sus padres y familia.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú revisa este miércoles el recurso de apelación que presentó Castillo contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra.

En la audiencia, la defensa del expresidente, Wilfredo Robles, expuso que los argumentos de la Fiscalía son «desproporcionados» y que muestran faltas de concreción y defendió que este abandone la prisión y siga las investigaciones en su contra con una medida de comparecencia con restricciones.

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Medios locales mostraron imágenes de un vehículo que trasladó a Gallardo hasta la sede de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, en el centro histórico de Lima, donde cumplirá diez días de detención preliminar.

La medida se tomó tras un pedido que hizo el Ministerio Público ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, indicó la información.

Gallardo, que desde el lunes se encontraba como «no habido» para las fuerzas de seguridad, fue detenido cuando salía de dar una entrevista a un medio local.

«Me pongo a derecho para colaborar con la justicia, que siempre respeto», declaró brevemente a periodistas mientras era conducido a un vehículo policial.

La Fiscalía considera que Gallardo fue uno de los operadores de una presunta organización criminal que cobró dinero a cambio de autorizar ascensos irregulares en la Policía Nacional en 2021.

El general retirado fue comandante general de la PNP desde el 3 de septiembre de 2021 hasta finales de enero de 2022.

Su detención se produjo un día después de que la Fiscalía y la Policía allanaron las viviendas del exministro de Defensa Walter Ayala y de un grupo de generales de la PNP investigados por los presuntos ascensos irregulares.

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«Les informo que la familia de Pedro Castillo ya está en la Ciudad de México. Nuestro país ha honrado su tradición de asilo. Reconozco al Embajador Pablo Monroy la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas», reseñó en sus redes sociales el canciller, Marcelo Ebrard.

El Gobierno peruano declaró este martes persona non grata a Monroy y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la «injerencia» que consideran que han hecho las «altas autoridades» mexicanas y además otorgó un salvoconducto a la familia del expresidente para acudir este país, que les ha concedido asilo.

Lilia Paredes , Arnold y Alondra Castillo en el Aeropuerto de la Ciudad de México a su arribo procedentes de Lima , Perú. pic.twitter.com/UkjGpRLEdg

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

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Asimismo, informó al gobierno de la nación azteca que esta está siendo investigada por un delito común, por lo que no hay «persecución política».

«La Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado», aseguró la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, en una declaración.

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«Habiendo conversado con nuestro patrocinado de forma conjunta, se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma», recoge un escueto comunicado compartido por ambos letrados en sus cuentas de Twitter.

El pasado jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva para Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

Ni Castillo, que sigue considerándose presidente de Perú, ni ninguno de sus abogados se presentaron al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía de Perú.

Al inicio de la audiencia, convocada por Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.

En ese sentido, el juez informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.

Al respecto, Atencio informó entonces en Twitter que ni él ni su colega Noblecilla iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.

«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó antes de señalar que entre ellos figura una «vacancia (destitución) ilegal y exprés».

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El ministro de Justicia, José Tello, dijo a los legisladores que si las elecciones se realizan en diciembre de 2023, exactamente dentro de 12 meses, «no se podrán hacer las reformas electorales» que el país necesita, solo la modificación que considera el adelanto de los comicios.

La intangibilidad de la legislación electoral «solo permite modificaciones hasta un año antes del proceso electoral», remarcó Tello, quien defendió la propuesta inicial de la mandataria Dina Boluarte de celebrar las elecciones adelantadas en abril de 2024.

Tello invocó al Congreso a que «se tome la decisión que corresponda», porque la aprobación del adelanto del calendario electoral está en sus manos, pero recordó que se tiene que «dar atención a lo que pide la ciudadanía», en referencia al reclamo popular de cierre del Parlamento.

A su vez, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, declaró que «tenemos un problema que tiene que ver con el debido proceso», el cual es el conjunto de actos en los tiempos señalados por la ley para ejecutar los comicios legislativos y presidenciales.
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El juez César San Martín leyó la resolución que rechaza la apelación de Castillo y, por lo tanto, confirmó su detención, que vence el miércoles antes de las 14.00 hora local (19.00 GMT).

El magistrado dijo que Castillo afronta un delito penado con entre 5 y 10 años de cárcel, y que lo planteado por la Fiscalía es «suficiente» para ser procesado por tentativa del delito de rebelión o conspiración.

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