Así lo afirmó su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, durante su visita a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), en donde sostuvo un encuentro con su secretario general, Sergio Abreu, así como con los embajadores que integran este organismo comercial latinoamericano, en el que también estuvo presente la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón.

«Desde esta región hay una participación muy activa en la OMC y quiero animarlos a que continúen. De hecho, esa es la tarea que tengo para ustedes, que sigan animando a sus embajadores en Ginebra a apoyar el sistema. ¿Dónde estamos ahora? Como he dicho, no estamos seguros en un mundo lleno de riesgos», expresó.

Asimismo, señaló que durante los dos últimos años se ha avanzado en acuerdos como el de las negociaciones sobre las subvenciones perjudiciales a la pesca, en el que se logró completar la primera parte.

«Cuba, Uruguay, Chile y Perú han ratificado el acuerdo. Así que necesito que el resto lo haga. Es importante, porque no queremos subvenciones perjudiciales que puedan fomentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de nuestros océanos. Eso es lo que está ocurriendo», indicó.

En tanto, remarcó que pese a que se han logrado avances en distintas áreas en el tema agrícola «no hubo ningún avance» ya que, a su juicio, «es vergonzoso» ya que la seguridad alimentaria es «un gran problema» en el mundo y la agricultura de muchos de sus países depende de las exportaciones agrícolas.

EFE

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En la reunión, Okonjo-Iweala subrayó la importancia del acuerdo logrado en junio en el seno de la OMC para la eliminación de subsidios a la pesca, tras unas negociaciones que en los últimos años presidió el embajador colombiano ante la organización Santiago Wills.

Según fuentes próximas a la OMC, la directora general urgió a Colombia, como ha hecho con otros países miembros, a ratificar a nivel doméstico el acuerdo para que pueda entrar en vigor lo antes posible (se necesita para ello que sea aceptado por al menos dos tercios de los miembros de la organización).

Márquez y Okonjo-Iweala también hablaron sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, la inclusión de los más vulnerables en el comercio, el comercio electrónico y el desarrollo sostenible, entre otras cuestiones.

EFE

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Este acuerdo «permite a los gobiernos autorizar a los fabricantes locales a producir vacunas o sus ingredientes, sustancias o elementos y utilizar procesos que estén cubiertos por patentes, sin el permiso de los titulares de las mismas durante la pandemia», indicaron el ministerio de Comercio y el de Industria, los productores de vacunas sudáfricanos y otros actores en un comunicado conjunto trasmitido a Efe.

Para el Gobierno sudafricano y demás partes este pacto es «una base sólida y útil» para «desarrollar una fuerte capacidad de fabricación de vacunas en África».

«Nuestro objetivo ahora es garantizar que abordamos la demanda convenciendo a los compradores mundiales de vacunas para que se abastezcan de productores africanos», declaró Ebrahim Patel, ministro de Comercio e Industria de Sudáfrica.

«Esta exención y los demás compromisos adquiridos en la OMC también tienen que ver con la preparación para las pandemias, para permitir a los países en desarrollo disponer de las herramientas legales necesarias para hacer frente a las variantes de la covid-19 en el futuro y, de hecho, para prepararse para futuras pandemias», agregó.

Para Petro Terblanche, director general de la compañía sudáfricana Afrigen, «la OMC ha alcanzado un hito importante al renunciar a los derechos de propiedad intelectual aplicables en la fabricación de vacunas».

«Hay que aplaudir el papel de liderazgo de Sudáfrica en este acuerdo innovador», declaró el director de esta empresa que diseñó y desarrolló la primera vacuna sudafricana contra la covid-19 utilizando la tecnología de los ácidos ribonucleicos mensajeros (ARNm) a partir de los mismos datos científicos con los que se diseñó la de Moderna.

En un comunicado este viernes, Amnistía Internacional criticó este acuerdo señalando que la decisión de la OMC sobre este acuerdo «no establece normas que puedan salvar vidas».

EFE

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