El republicano, que este año firmó una ley para la creación de la nueva Oficina de Delitos Electorales y Seguridad, señaló en una rueda de prensa que las 20 personas acusadas de fraude electoral tienen antecedentes penales.

Un comunicado de la oficina del gobernador detalla que estas 20 personas, de las que no se han difundido sus identidades, «están siendo detenidas», y fueron «descalificadas para votar después de que fueron condenadas por asesinato o un delito grave sexual, pero eligieron votar de todos modos».

«Ahora todas han sido acusadas de fraude electoral, un delito grave de tercer grado punible con hasta 5.000 dólares de multa y hasta 5 años de prisión», añade el comunicado.

EFE

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