Puno es una región surandina, fronteriza con Bolivia, donde se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de inicios de año y que mantuvo el bloqueo de caminos y carreteras por más tiempo.

La semana pasada, las organizaciones sociales de Puno convocaron a un paro de 24 horas para retomar las movilizaciones de protesta contra Boluarte, pero el acatamiento a la medida fue bajo.

La prórroga del estado de emergencia en Puno responde a la aplicación del artículo 137 de la Constitución Política, inciso 1, que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

El Ejecutivo peruano dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) continúe asumiendo el Comando Unificado de las fuerzas armadas y la Policía Nacional en Puno, de acuerdo a las normas legales vigentes que definen los alcances de un comando militar en una situación similar.

Durante este periodo de emergencia, las fuerzas armadas tienen la labor de proteger los activos críticos nacionales, con intervención y apoyo de la Policía Nacional, y la protección a instituciones públicas, privadas e instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y vías que determine la policía.

En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno, se acordó también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en las próximas semanas, similar a la que hicieron a inicios de año y que fue uno de los últimos actos de movilización tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado de Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo al gobierno de Boluarte, quien asumió la jefatura del Estado por ser la vicepresidenta.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.

EFE

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El Gobierno de Dina Boluarte ya había decretado a medianos de enero y por 30 días; el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad; por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.

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El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos «los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales».

La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas; «con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas.

El decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 4.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.

Las protestas antigubernamentales exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.

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EFE / Unión Radio

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