En su mensaje publicado en redes sociales, Noboa no detalló si existen víctimas durante las operaciones efectuadas por las fuerzas estatales para retomar el control de la Regional de Guayaquil, denominada oficialmente como Centro de Rehabilitación Social Guayas Número 4.

«Agradezco la valentía del bloque de seguridad que en un operativo profesional, urgente y de gran escala desplegado por las fuerzas del orden, neutralizaron la revuelta antes de una posible escalada», señaló Noboa en un mensaje.

El gobernante afirmó que «esto es un hecho sin precedentes en el país», donde las bandas criminales que controlaban hasta hace pocas semanas de estos recintos protagonizaron una serie de masacres carcelarias donde desde 2020 fueron asesinados más de 500 reos.

«No podemos volver al viejo Ecuador. Nuestro compromiso es entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha», concluyó Noboa.

Este nuevo motín ocurre a menos de dos semanas de que concluya el estado de excepción por «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra las bandas del crimen organizado, a las que ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

EFE

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El Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, recibirá a Sommerfeld y debatirá la adopción de una declaración titulada «Defensa de la democracia, la soberanía y la paz en la República de Ecuador», informó este jueves el organismo.

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El crimen organizado en Ecuador ha protagonizado esta semana una escalada de violencia, con motines en varias cárceles, secuestros, explosiones, atentados e incluso el asalto armado a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil.

Ante estos episodios, el Gobierno ha declarado el «conflicto armado interno» y ha clasificado a estas bandas como grupos terroristas y objetivos militares.

Los hechos se suscitan cuando el nuevo Gobierno del presidente Daniel Noboa se disponía a poner en marcha su plan para recuperar el control de las cárceles ecuatorianas, muchas de ellas dominadas internamente por estos grupos.

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«Si los expulsan, en primer lugar los están expulsando es de la cárcel; es decir, los están dejando en libertad y al llegar a la frontera por supuesto que un ciudadano colombiano puede entrar a Colombia», manifestó Osuna en declaraciones a la prensa.

El ministro respondió así al anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que en medio de la crisis de violencia que vive su país y que se originó en las cárceles, dijo que puede comenzar a sacar a los extranjeros presos para reducir el hacinamiento y controlar mejor la situación.

«Colombia dijo que nos querían ayudar y yo dije perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas», manifestó Noboa en una entrevista con Radio Canela en la que se refirió a los ofrecimientos de apoyo para enfrentar la violencia recibidos de varios países, entre ellos Colombia.

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Noboa decretó el lunes el estado de excepción en momentos en que se registraban disturbios en cárceles del país contra el traslado de reos.

La medida provocó ayer la reacción de grupos violentos que causaron terror con atentados con explosivos, y secuestros de policías e, incluso encapuchados armados -ahora detenidos- ingresaron en un canal de televisión en la ciudad costera de Guayaquil.

#Atención El Gobierno colombiano responde al anuncio de Daniel Noboa de dejar 1500 presos colombianos en la frontera. "Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1500 cupos, por supuesto que no. Si hay una expulsión miraremos si las personas deben ser capturadas y pasar… pic.twitter.com/i2cfUlNjbY

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 10, 2024

EFE

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El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Iñaki Rivera Beiras, explicó a EFE, en el marco de un foro, que el incremento cuantitativo de la población penitenciaria no se debe únicamente a un aumento en la comisión de delitos, sino a una serie de reformas penales y procesales como uno de los factores clave.

América Latina ha enfrentado en las últimas décadas un fuerte aumento en la población carcelaria. Datos de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas muestran que la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en 2021 fue de 1.8 para un aumento de casi un 70 % en las últimas dos décadas.

«No fue que la población penitenciaria aumentó como consecuencia del aumento del delito, como se le ha hecho creer a la gente, sino que la población penitenciaria creció porque los jueces decretaron muchísimas más prisiones como consecuencia de reformas penales y procesales que a su vez fueron muy utilizadas por gobiernos en campañas electorales», dijo Rivera.

EFE

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Los detenidos pertenecen al centro de reclusión de la parroquia Macuto. La atención se centró en una jornada de salud y la revisión de los expedientes.

El secretario de Seguridad Ciudadana de La Guaira, Andrés Goncalves, ofreció más detalles sobre la jornada que realizarán en otros centros.

«Estamos atendiendo 185 privados de libertad, unas peticiones con respecto a las revisiones que van a ser tomada en cuenta. Además, hicieron algunas salidas unos que estaban casi listos», añadió.

Yanuacelis Aure/ Unión Radio

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó el texto on el apoyo de todos los partidos políticos salvo el ultraderechista Vlaams Belang, que se abstuvo.

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Asimismo, con este proyecto quedarán prohibidas en Bélgica las prácticas de conversión, así como la tentativa, la incitación, la oferta y la publicidad de esas terapias.

Igualmente, las infracciones serán sancionadas con pena de prisión de 8 días a 2 años y/o multa de 208 a 2.400 euros.

Por otra parte, también se prevé que el tribunal pueda imponer una inhabilitación profesional de un máximo de 5 años si la práctica de la conversión se comete en el ámbito profesional.

Igualmente, las terapias de conversión tienen como objetivo desalentar, suprimir o alterar la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual de la víctima.

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La agencia de noticias Belga precisó que pueden adoptar formas pseudomédicas, hacer uso de la presión psicológica sobre la víctima jugando con el sentimiento de vergüenza o apelar a prácticas que atentan contra la integridad física.

EFE

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El suceso ocurrió en una sección de la cárcel cochabambina de San Sebastián donde los reclusos suelen preparar comida para recibir visitas de sus familiares los domingos, explicó a los medios la directora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Estrella Rocha.

«De acuerdo al informe preliminar, aparentemente hubiera sido un accidente fortuito donde al cambiar la garrafa hubo una fuga» de gas por un «mal procedimiento», lo que derivó en la explosión, señaló la funcionaria.

Quince reclusos que resultaron con quemaduras y otras lesiones fueron trasladados a distintos centros de salud, ocho de ellos al Hospital Viedma, donde reciben atención.

Los heridos «están estables» y el Régimen Penitenciario aguarda los informes médicos para ver qué reos deberán permanecer hospitalizados y quiénes podrán retornar en esta misma jornada al penal, indicó Rocha.

La mayoría de los reclusos afectados por la explosión sufrieron quemaduras de primer y segundo grado en distintos lugares del cuerpo y dos resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono, según un informe dado por la Unidad de Bomberos.

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«No nos han dado ninguna respuesta», dijo a EFE Faneri García Loaiza, quien buscaba saber la suerte de su hermano Luis Alberto, uno de los 1.267 reclusos que alberga esa prisión del departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en la tragedia, una de las mayores ocurridas en las cárceles del país, murieron 51 personas y 24 más quedaron heridas, entre ellas dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Ambos, que ya se habían declarado culpables del blanqueo de 28 millones de dólares y de haber llevado a cabo sobornos en favor de la firma brasileña Odebrecht, pidieron perdón y afirmaron haberse equivocado ante el juez Raymond Dearie.

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