El saliente ministro Torres renunció al cargo después de haber sido cuestionado por la participación de agentes de la Policía Nacional en el allanamiento de la casa de Boluarte, como parte de la investigación fiscal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

En reemplazo de Torres, la jefa de Estado tomó el juramento al general en retiro de la Policía Nacional Walter Ortiz Acosta, quien fue Director General de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

Junto a Ortiz, la mandataria tomó el juramento a Morgan Quero Gaime como ministro de Educación, a Ángel Manuel Manero Campos como ministro de Desarrollo Agrario y Riego, y Sergio González Guerrero en Producción.

Asimismo, a Elizabeth Galdo Marín como ministra de Comercio Exterior y Turismo, y a Angela Teresa Hernández Cajo como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El cambio de ministros se produjo dos días antes de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, acuda al Congreso para pedir su voto de confianza, razón por la cual la mandataria aceleró la restructuración del Ejecutivo escasas horas después de la salida de los ya exministros.

EFE

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Adrianzén, de profesión abogado, reemplaza en el cargo a Alberto Otárola, que renunció el martes acusado de haber facilitado la contratación de una expareja con el Ministerio de Defensa.

El nuevo jefe del Gabinete ejerció el cargo de ministro de Justicia entre abril y octubre de 2015, un puesto en el que reemplazó a Fredy Otárola, hermano del hasta hoy jefe de gabinete.

Como ministro defendió la posición de Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por posibles ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar de 1997, con la que las Fuerzas Armadas consiguieron la liberación de cerca de un centenar de personas secuestradas por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés en Lima.

EFE

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Boluarte había participado en la inauguración de una carretera en un distrito ayacuchano, cuando la mujer logró pasar por debajo de un camión estacionado en el lugar por donde se encontraba la mandataria junto a su comitiva.

Imágenes difundidas por el Canal N de televisión mostraron que, a pesar de la gran cantidad de agentes de seguridad y miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP), la mujer llegó hasta la presidenta, a la que zarandeó durante unos segundos, hasta que intervinieron los guardias de seguridad, que al parecer han arrestado a la agresora.

EFE

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La mandataria peruana señaló además durante la reunión «que es crucial no sólo que los agricultores puedan aprender mejores prácticas y nuevas tecnologías, sino también que el conocimiento adquirido se consolide con el tiempo en beneficio de otros agricultores y de las nuevas generaciones», informó la FAO en un comunicado.

Por su parte, el director de la organización destacó que «Perú puede contribuir enormemente al mundo con su vasta biodiversidad y diversidad de alimentos, así como con su historia y conocimientos tradicionales, particularmente a través de la cooperación Sur-Sur».

Los dos destacaron, añade la nota, «la rica diversidad de la producción de papa en Perú y discutieron formas de mejorar la productividad y los ingresos de los agricultores también en relación con otros productos, como las fresas».

El director de la FAO agregó que «a través de la iniciativa «Hand-in-Hand» y su plataforma Geoespacial, este organismo puede ayudar al gobierno del Perú a encontrar formas de mejorar e incrementar la producción con el objetivo de transformar los sistemas agroalimentarios, haciéndolos más eficientes, inclusivos y resilientes y sostenibles».

La presidenta peruana concluyó con esta reunión su visita a Roma, donde llegó este viernes desde Alemania, mientras que el pasado jueves un grupo de congresistas de izquierda e independientes presentaron este jueves una moción de vacancia (destitución) por supuestamente haber infringido la Constitución al haber viajado al extranjero sin tener vicepresidentes en funciones.

Durante la mañana, Boluarte fue recibida en audiencia por el papa Francisco con quien se reunió durante 25 minutos

Posteriormente también mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin, con quien dialogó sobre la situación socio-política de Latinoamérica «con particular atención al fenómeno de las migraciones y al impacto del cambio climático».

«Durante los cordiales coloquios en la Secretaría de Estado, se ha expresado satisfacción por las buenas relaciones entre el Perú y la Santa Sede, subrayando la positiva colaboración entre la Iglesia y el Estado en vista de la promoción de los valores morales, del bien común, del dialogo y de la construcción de la paz social», explicó el Vaticano en una nota.

El comunicado añade que «prosiguiendo con las conversaciones, se ha llevado a cabo un intercambio de puntos de vista sobre la situación socio-política de la región, con particular atención al fenómeno de las migraciones y al impacto del cambio climático».

EFE

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El grupo parlamentario declaró la denuncia improcedente con el voto favorable de 11 legisladores, 5 en contra y 3 abstenciones.

La congresista de izquierda Ruth Luque denunció a Boluarte junto al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro del Interior, César Cervantes, al exministro de Defensa y actual jefe de gabinete, Alberto Otárola, así como al exministro de Justicia, José Tello.

Luque, en su denuncia, consideró que todos ellos habían incurrido en una infracción de la Constitución, en lo referido a sus atribuciones «en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares«.

Los parlamentarios integrantes de la subcomisión consideraron que la denuncia era improcedente dado que «no ha cumplido con el criterio referido a ‘que se refiera a hechos que constituyan infracción de la constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal’«.

Además, subraya que uno de los denunciantes «se encuentra en el supuesto del literal C del articulo 89 del reglamento del Congreso«.

Dicho artículo sostiene que debe considerarse «si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio, o si ésta se encuentra o no vigente«.

El antejuicio político es el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios como es el caso de la presidenta y ministros.

En las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022, han fallecido 49 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe publicado el miércoles la violencia policial registrada en Perú durante estas manifestaciones, y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales«.

Además, añadió que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la localidad sureña de Ayacucho debe ser investigada «con un enfoque étnico-racial«. Y consideró que la situación podría ser considerada como «una masacre«.

EFE

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«El Gobierno ha retirado definitivamente al Embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la Presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC desconociendo al Gobierno constitucional de la Presidenta Dina Boluarte», anunció la Cancillería en redes sociales. 

Lea más: Jefe de la ONU pide investigar muertes en Perú

También aclaran que como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, «las relaciones bilaterales con dicho país se mantendrán, de manera indefinida, a nivel de encargados de negocios».

Unión Radio

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«Quiero desmentir las noticias falsas (…) el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca», dijo.

La gobernante aseguró que, a pesar del incremento de las protestas y enfrentamientos, mantiene su invitación al diálogo con las fuerzas políticas y sociales que exigen su renuncia y el cierre del Congreso.

Así como la convocatoria a elecciones generales y una asamblea constituyente. «Nuevamente llamo al diálogo, llamo a la calma«, remarcó.

Boluarte se dirigió, sin embargo, a los manifestantes para decirles que «sus protestas son cosas que ustedes saben que están al margen de la ley» y los acusó de querer «quebrar el Estado de derecho, generar caos y desorden, para tomar el poder de la nación».

Anunció, en ese sentido, que las autoridades actuarán «con todo el peso de la ley» y están «individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia».

«Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, desde diciembre hasta ahora, en enero, no quedaran impunes, el Gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes», dijo.

EFE/ Unión Radio

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El centro de la capital peruana se está llenando de forma progresiva de cientos de manifestantes que participarán en la gran marcha convocada por organizaciones sociales, sindicales y regionales.

Las inmediaciones a la Corte Superior de Justicia, el Paseo de los Héroes Navales, las avenidas Manco Cápac y Alfonso Ugarte contaron por la mañana con grupos de protestantes que según la ruta difundida se encontrarán en la Plaza Dos Mayo para comenzar la marcha.

Además, manifestantes acampados desde hace dos días en el campus de la Universidad San Marcos, llegados de diversas regiones del país, salieron escoltados por la Policía hacia el centro de la ciudad.

Las protestas exigen la dimisión de Boluarte, el cierre del Legislativo, la convocatoria de una asamblea constituyente y de nuevas elecciones, y también recuerdan a los muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden en distintas partes del país.

EFE

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A las 12: 30 P.M. se tiene previsto el encuentro en el Palacio de Gobierno se espera el encuentro.

Unión Radio

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El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Asimismo, contra «Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior».

La investigación preliminar es por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho», precisó el Ministerio Público.

Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por haber dado un fallido golpe de Estado.

El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.

Otárola acudió este martes al Congreso para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, y anunció que el Gobierno acordó declarar «duelo nacional laborable» para este miércoles «en respeto a los caídos» en las protestas, que en menos de un mes suman 47 personas fallecidas, el último de ellos, un policía de Puno que todavía no ha sido identificado.

Además, informó que «hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana».

«Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno», declaró Otárola ante el pleno del Congreso en referencia a la región que fue foco de violentas manifestaciones y enfrentamientos con la Policía este lunes, cuando murieron 17 manifestantes.

Durante la presentación del primer eje de su programa de Gobierno, denominado «paz social», Otárola lamentó la «pérdida irreparable» de los peruanos fallecidos en las protestas, que desde diciembre pasado suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, 7 por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado esta madrugada.

«El fantasma de la violencia irracional volvió a servirse en el Perú», declaró tras insistir en su respaldo a las fuerzas policiales.

Otárola acudió este martes al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza de su gabinete, un día después de la trágica jornada de violencia en Puno, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, elecciones para 2023 y una nueva constitución, entre otros reclamos. EFE

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