QUITO.- Una nueva pugna surgió este jueves entre el Gobierno y el Parlamento de Ecuador a causa de un fallo judicial que ordenó reanudar unos juicios de censura que habían sido anulados por la Cámara contra varios exministros para tramitar otros similares contra autoridades en pleno ejercicio.
La polémica surgió luego que el juez Jorge Medranda, de una unidad judicial de Quito, aceptó una «acción de protección» de la legisladora oficialista Inés Alarcón, que exigía reanudar los juicios de censura contra tres autoridades cuestionadas del anterior Gobierno del conservador Guillermo Lasso.
La acción judicial ordenaba reanudar los procesos políticos de censura contra el exministro Pablo Arosemena, el exsecretario de la Administración Sebastián Corral y la extitular de Ciencia y Tecnología Andrea Montalvo.
Esos juicios habían sido anulados luego de que varios legisladores que los apoyaban retiraran sus firmas de respaldo para dar paso al trámite de otros procesos similares contra ministros del actual Gobierno del presidente Daniel Noboa.
La Asamblea Nacional (Parlamento) se anticipó al señalar que no acatará el fallo del juez Medranda, por considerar que interfiere con la independencia de las funciones del Estado y porque tal fallo viola normas constitucionales y legales.
La Asamblea «no va a acatar la sentencia. Esta es una nueva metida de mano a la justicia para favorecer intereses políticos», declaró el secretario general del Parlamento, Alejandro Muñoz.
Además, aseguró que «esta sentencia es inaplicable. Tendrá que ser revisada por fallar contrario a la Ley y la Constitución, por usar la justicia constitucional para interferir en el accionar de la Asamblea Nacional, interferir en las funciones de Estado, y su afectación a todos los ecuatorianos», remarcó Muñoz.
En respuesta, el ministro de Gobierno (Política), Arturo Félix, felicitó el fallo judicial que, según dijo, pone un freno a la vieja práctica de hacer política en función de intereses particulares.
Félix incluso se preguntó el porqué los legisladores retiraron las firmas de respaldo para los juicios contra las tres autoridades del Gobierno de Lasso, a los que también identificó como «el viejo país», y dijo que quizá el objetivo era agilizar las comparecencias de ministros del actual régimen de Noboa.
«Esto es cuestión de hacer respetar los procesos» y los plazos, ya que primero deben ser interpelados las exautoridades del Gobierno de Lasso, añadió.
Incluso Félix dijo intuir en que quizá el objetivo es afectar la gestión del Gobierno de Noboa, en momentos en que se ha puesto en marcha el proceso para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero próximo.
El Legislativo, en el que actúan mayoritariamente grupos políticos identificados con la oposición, ha mantenido algunos pulsos con el Ejecutivo desde que Noboa tomó el poder en noviembre del año pasado.
El actual mandatario fue elegido en un proceso de elecciones para completar el periodo 2021-2025 que recortó el propio Guillermo Lasso, cuando invocó el principio constitucional conocido como «muerte cruzada», con el que disolvió el Parlamento y convocó a comicios de manera anticipada.
Con ese recurso, Lasso pudo evitar un juicio de censura en la Asamblea Nacional, donde varios grupos de oposición le acusaban de corrupción en su gestión.
Lea también: Un incendio afecta a una refinería de la petrolera YPF en Argentina
EFE
