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ONGS exigen en CIDH respeto a los derechos en Venezuela

22/03/2017 | 09:52 am


CARACAS.- Representantes de ONG venezolanas intervienen este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la presunta persecución política de la que son víctimas dirigentes de oposición en Venezuela.

El coordinador de investigaciones de Provea, Inti Rodríguez, denunció que el actual gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, estuvo vinculado en la «masacre de Cantaura» ocurrida en el año 1982 que cobró la vida de la menos 22 personas.

Rodríguez dijo que la Comisión por la Verdad excluyó a funcionarios oficialistas presuntamente vinculados a los crímenes: Cordero Lara y a Rodríguez Chacin. «Junto al ex comisario de la policía política venezolana Henry López Sisco. Lamentamos que hasta ahora el Ministerio Público venezolano y la comisión por la justicia y la verdad se hayan abstenido de investigar la vinculación de Rodríguez Chacín en los hechos que se le vinculan».

El coordinador de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, reiteró que hay personas con boleta de excarcelación y estas no se han cumplido. «Hay personas que sin haber sido encarceladas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad como es el caso de Maria Corina Machado».

«El gobierno oculta los problemas socioeconómicos y genera falsos positivos para culparlos de ellos, mientras detiene a quienes protestan. En Venezuela se han llevado a cabo 6.893 arrestos por causas políticas, los cuales son usados como moneda de cambio», agregó.

La Vicaría de Caracas, quien también estuvo presento en el debate, dijo que excluir de la investigación casos de graves violaciones a los DDHH es contribuir a la impunidad. «La Vicaría es una organización de la iglesia católica que viene acompañando a víctimas de violaciones de derechos humanos desde el año 1989. Para el informe que abarca la comisión por la justicia y la verdad creada en 2011, en Venezuela los casos de violencia policial eran parte de la cultura policial como más tarde constataría la comisión nacional para la reforma policial.

«Fuentes consultadas  mostraban una alta tasa de agresiones a manos de la policía y de episodios que mayoritariamente terminaban en ejecuciones extrajudiciales y que la desproporción entre bajas policiales y civiles indicaría un alto nivel de letalidad de las autoridades al tiempo que permitiría encubrir este tipo de acciones», agregó.

Irving Pérez/Unión Radio