BUENOS AIRES.- El procurador general interino de Argentina, Eduardo Casal, pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que sume la figura de asociación ilícita a la condena contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), lo que podría elevar la pena de 6 a 12 años de prisión en la causa por corrupción en la concesión de obras públicas durante su mandato.
Casal respaldó la apelación del fiscal general de Casación, Mario Villar, quien había solicitado al máximo tribunal que se agregue ese cargo, descartado previamente por los tribunales inferiores al considerar que las irregularidades en 51 obras públicas constituían un único hecho.
“El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, indicó Casal en su dictamen, al que tuvo acceso EFE.
EFE
