GUAYAGUIL.- El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Ecuador apelaron la sentencia de hábeas corpus en la que una jueza aceptó que la desaparición de los cuatro niños asesinados en Guayaquil, tras ser aprehendidos por una patrulla militar el 8 de diciembre, se investigue como «forzada» y con «responsabilidad del Estado».
Así lo informó este lunes el abogado de la familia de las víctimas, Fernando Bastias, quien señaló que esta acción «demuestra la posición de impunidad que tienen (los militares) con respecto al caso».
En la solicitud de apelación, el Ministerio señaló que en este proceso existe una «desnaturalización del hábeas corpus», ya que lo que determinó la jueza debe «ser dilucidado en otra vía y luego de que Fiscalía General del Estado realice las imputaciones a las que haya lugar».
Mientras que el Comando de las Fuerzas Armadas señaló que el recurso legal era improcedente, pues ya se encontraba paralelamente abierta una investigación que seguía la Fiscalía por el delito de desaparición forzada de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad.
Además, la defensa de los militares afirmó que «las declaraciones realizadas durante la audiencia, que forman la base del proceso, no fueron evaluadas a profundidad para establecer la veracidad de los hechos».
El Ministerio de Defensa no se pronunció hasta el momento sobre el pedido de apelación en este caso.
Por su parte, Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que defiende a las familias de los menores, señaló que el hábeas corpus no establece un delito, sino «una responsabilidad en una grave violación a los derechos humanos, o afectación a la integridad personal y libertad de los cuatro niños».
«La jueza no determinó sanciones individuales sino responsabilidades estatales, como la obligación de buscar y de asegurar que esto no vuelva a ocurrir, entre otras, que eran valiosas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas», dijo a EFE.
Cuando la jueza emitió el dictamen, el pasado 24 de diciembre, los menores aún estaban desaparecidos y no se había corroborado que unos restos hallados cerca de una zona pantanosa, muy cerca de donde los militares los dejaron, eran de ellos.
Bastias explicó que si la Justicia acepta la apelación de los militares, ellos llevarán el caso a la Corte Constitucional por medio de una acción extraordinaria de protección.
El abogado también informó que en esta semana los padres de los menores presentarán una acusación particular dentro del proceso de desaparición forzada, lo que permitirá «la participación de las familias, asegurar que haya una sanción penal y una reparación integral». Y que después de eso deberán tomarse versiones a otros niños que estaban con los menores antes de que los militares los aprehendieran, y ordenarse una reconstrucción de los hechos.
Además, indicó que las familias han pedido a la Fiscalía que se solicite ayuda a universidades extranjeras para reconfirmar los resultados de las pruebas de ADN que se tomaron para cotejar con los restos hallados, que ya fueron enterrados el pasado miércoles en un cementerio del suburbio de Guayaquil.
La defensa también está a la expectativa de lo que pueda suceder este martes, cuando se cumple el plazo que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas dio al Estado para que informe sobre las acciones realizadas en este caso.
EFE
