MADRID.- Las dificultades de los españoles para acceder a una vivienda centran la batalla entre el Gobierno y la oposición, que se intensificó este sábado con un encuentro entre líderes opositores para articular una alternativa al Gobierno en ese ámbito, mientras éste prepara un foro en el que se espera que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anuncie nuevas medidas.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en España. La masificación del turismo, principal motor económico del país, junto a la gentrificación y la apuesta de los propietarios de inmuebles por lucrativos alquileres turísticos de corto plazo han elevado los precios de los alquileres, creando una grave crisis habitacional.
El precio de la vivienda en España acentuó su incremento en el tercer trimestre de 2024 hasta el 8,1 % interanual, su mayor subida en dos años y medio (desde comienzos de 2022), y encadena más de cuarenta trimestres consecutivos (42) al alza, unas subidas que comenzaron en 2014, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Un informe reciente apuntaba que el 20 % de los hogares españoles de menor renta dedican más del 70 % de sus ingresos al pago de un alquiler.
En un retiro celebrado en Asturias (norte de España), el líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes conservadores de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular abordaron este problema y acordaron ampliar hasta los 40 años la edad para acceder a avales de la Administración en la compra de una casa.
Los presidentes autonómicos del PP se coordinaron también para llevar a cabo algunas reformas legislativas dirigidas a que haya más suelo disponible para construir, más incentivos y menos burocracia, además de más seguridad jurídica en la vivienda de alquiler para incrementar la oferta.
Propietarios en la calle
También pactaron modificaciones normativas frente a la ocupación, un problema contra el que este sábado protestaron decenas de afectados en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, como Málaga y A Coruña.
En Madrid, medio centenar de personas, en su mayoría propietarios de viviendas ocupadas por familias vulnerables, se manifestaron contra el decreto que prohíbe desde 2020 desahuciar a estas familias hasta que la Administración les proporcione una alternativa habitacional.
El Gobierno español decretó en marzo de 2020 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, dentro del paquete de medidas urgentes para amortiguar los efectos de la pandemia de la covid.
Desde entonces, la medida se fue prorrogando, la última vez en diciembre pasado, hasta finales de 2025, dentro de otro decreto que está pendiente de ser convalidado en el Congreso.
La portavoz federal del socialista PSOE, Esther Peña, insistió en que el Gobierno quiere convertir el derecho a la vivienda en «el quinto pilar del Estado del bienestar» y en que, mientras que para los socialistas del PSOE la vivienda es un derecho, para los conservadores del PP es «un bien con el que especular».
Precisamente «Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar» es el nombre del foro que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, clausurará el próximo lunes en el Museo del Ferrocarril de Madrid, en el que podría anunciar nuevas medidas.
Desde Moncloa acusaron hoy a Feijoo de «improvisar un ramillete de ocurrencias vacías y medidas que ya existen para presentarlas como su gran plan de vivienda».
EFE
