QUITO.- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, será demandada por una presunta infracción electoral cometida en el marco de las elecciones locales de 2023, cuando como candidata a la alcaldía de la sureña ciudad andina de Cuenca pidió aparentemente el voto antes de que comenzara oficialmente la campaña electoral.
La denuncia será presentada a título personal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien se encuentra en una cruzada contra infracciones electorales de candidatos con la que recientemente logró que sancionaran al alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
En una rueda de prensa, Guarderas aseguró que desconoce la demanda ante el TCE por presunto incumplimiento de funciones a la que hizo mención Abad el lunes en una entrevista con el diario La Hora, pues afirmó que la suya es únicamente por infracción electoral en el contexto de las elecciones locales que tuvieron lugar el 5 de febrero de 2023.
Además de Abad, Guarderas también está denunciando a Guillermo Churuchumbi, excandidato a prefecto de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) y actual coordinador nacional de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena de Ecuador, y a Francisco Suárez Abril, que fue candidato a prefecto de la provincia andina de Tungurahua por Izquierda Democrática (ID).
El consejero del CPCCS recordó que el periodo oficial de campaña electoral para esos comicios era desde el 3 de enero al 2 de febrero, y en el caso de Abad mostró videos publicados en redes sociales en diciembre de 2022, donde ella se promocionaba con un hashtag referente a la alcaldía.
«Aunque no sea ella la persona que publicó, obviamente ella lo filmó con una intención, un mes antes de la campaña», dijo Guarderas, que destacó que actualmente ella como vicepresidenta de Ecuador «sigue manejando sus redes sociales».
Pide sanciones duras
En ese sentido, el artículo 278 de la ley electoral de Ecuador señala que las infracciones electorales graves, entre ellas hacer campaña electoral de forma anticipada, serán sancionadas con multas desde once hasta veinte salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación, desde 6 meses hasta 2 años».
Guarderas afirmó en un inicio que con estas denuncias no busca en principio la destitución de los demandados, pero más tarde lamentó que procesos como el desarrollado contra Pabel Muñoz acabe en una multa de 9.000 dólares y consideró que es necesario tener sanciones más contundentes.
«Si solo se les multa, pierde la naturaleza de multa y se convierte en una licencia. Si seguimos solo multando, (eso) no genera un efecto disuasivo necesario, hay que poner otras medidas como la destitución», reclamó.
¿Denuncia contra el presidente?
No descartó una posible denuncia contra el presidente pero, al ser cuestionado por qué no lo hizo ahora si busca con ello dar ejemplo, señaló que la evidencia de la prueba no era tan fuerte.
EFE
