QUITO.- La Policía ecuatoriana informó este sábado de que María Daniela Icaza, la directora de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, quien fue asesinada el pasado jueves, no había solicitado protección ni denunciado amenazas.
En un comunicado, la Policía apuntó que «no existió requerimiento de análisis de riesgo personal» para que se le asigne servidores policiales, «ni una notificación inmediata» de parte de la directora «respecto de amenazas o necesidad de protección, a pesar del cargo que recientemente ocupaba».
En el escrito publicado en sus redes sociales, la Policía subrayó que es «una condición rigurosa» de la institución «que se cumpla con ese requisito mínimo, rápido y formal».
En el atentado en el que Icaza fue asesinada resultó herido otro funcionario de prisiones que la acompañaba en el momento del ataque, informó el jueves el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado.
El atentado ocurrió en torno a las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la carretera entre la localidad de Daule y la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra la Penitenciaría del Litoral.
Icaza se dirigía al Hospital del Guasmo Sur, que se encuentra en el sur de Guayaquil, cuando, según medios locales, hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon contra ella, que se encontraba en el asiento del copiloto.
Se trató del segundo asesinato de la máxima autoridad de una prisión en nueve días, después de que el pasado 3 de septiembre fuese asesinado en circunstancias similares Álex Guevara, director de la cárcel de Lago Agrio, de la amazónica provincia de Sucumbios, fronteriza con Colombia.
La Penitenciaría del Litoral, denominada oficialmente como Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas Número 1, es el más grande de las cinco cárceles que componen el complejo penitenciario de Guayaquil, en el que están recluidos aproximadamente 12.000 presos.
Más de 6.000 se encuentran en la Penitenciaría del Litoral, que entre 2021 y 2023 fue el escenario de las peores masacres en enfrentamientos entre bandas criminales que se disputaban el control interno, al menos hasta la militarización de estos centros ordenada a inicios de 2024 por el presidente Daniel Noboa.
El ingreso de los militares a los recintos penitenciarios se dio en el marco del estado de excepción y «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra el crimen organizado, al que se le atribuye un auge de la violencia criminal que ha llevado a Ecuador a ser el país de Latinoamérica con la tasa más alta de homicidios, al registrar 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023.
La oleada de asesinatos se ha cobrado también previamente la vida de otros directores de cárceles, así como autoridades del ámbito municipal, entre ellos varios alcaldes, y también fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio.
EFE
