QUITO.- El Ministerio de Gobierno reiteró este domingo la apertura al diálogo en la víspera del inicio de una movilización nacional que protagonizarán distintos grupos sociales en contra el Gobierno ecuatoriano en demanda de mejores condiciones económicas y más seguridad.
«El país que queremos es el del diálogo y consenso, no de las paralizaciones», escribió en Twitter el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, antes de señalar que «¡Ecuador no puede detenerse, necesita trabajar!».
El trino del funcionario acompaña a un mensaje de su Cartera de Estado en el que «ratifica su apertura al diálogo como parte de la política del ‘Gobierno del Encuentro'», como se autodenomina la administración liderada por Guillermo Lasso.
Asimismo, el Ministerio formuló un llamamiento a los ciudadanos y agrupaciones sociales «a expresar sus opiniones de manera pacífica, en el marco del orden público, el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho».
«El caos y la violencia detienen la reactivación económica, la democracia y la convivencia pacífica», reza el escrito que agrega que «la vía correcta es la de consensos y el trabajo conjunto en el marco de una agenda nacional de un Gobierno de puertas abiertas, democrático y comprometido con las necesidades del país».
DEMANDAS SOCIALES
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una de las convocantes a la movilización nacional, asegura que la protesta arrancará «luego de haber agotado las instancias de diálogo (11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre 2021)».
La agrupación indígena considera que el Gobierno liderado por Lasso «nunca mostró voluntad para atender las demandas sociales».
Según la Conaie, en la movilización participarán también sectores productivos, campesinos y diversas organizaciones sociales con una agenda que incluye diez temas en materia económica y derechos.
Los grupos sociales exigen que haya «una reducción y no más subida del precio de los combustibles», pese a que el Gobierno ha congelado el coste del galón de la gasolina de mayor consumo.
Asimismo, piden «la moratoria de un año (para más de cuatro millones de familias) en el sistema financiero para que paguen sus deudas», así como precios justos de los productos del campo, más empleo y respeto a los derechos laborales.
Los manifestantes se oponen a la minería en territorios indígenas y fuentes de agua, piden que no se privaticen los sectores estratégicos y demandan la aplicación de políticas de control y especulación de precios.
Entre las demandas al Gobierno también figura la asignación de más presupuesto para los sectores de la salud y educación, y la generación de políticas públicas de seguridad y protección.
EFE
