LIMA.-La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció este lunes que ha denunciado en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales, al replicar a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público.
«Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola», dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra «tienen como propósito» amedrentarla para que no continúe su «lucha contra la impunidad».
Los fiscales anticorrupción de Perú se rebelan contra la fiscal general
Los fiscales peruanos que integran el equipo especial anticorrupción se rebelaron este lunes contra la fiscal general de su país, Patricia Benavides, después de que esta destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto.
Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abrió, junto con la Policía, una investigación al entorno de la máxima responsable del Ministerio Público.
En respuesta, los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop) emitieron un pronunciamiento de rechazo a la destitución de Barreto, quien es una de las fiscales de mayor prestigio en Perú.
«Al amparo de la autonomía e independencia del Ministerio Público respaldamos y ratificamos las acciones lideradas por la Dra. Marita Sonia Barreto Rivera», remarcaron en el pronunciamiento.
Agregaron que, por ese motivo, rechazan «al acto resolutivo emitido por la fiscal de la Nación en funciones», que consideraron que «solo genera retraso y perjuicio en las investigaciones».
Los fiscales también solicitaron «respetuosamente» a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos «que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad en el marco de sus atribuciones constitucionalmente reconocidas».
EFE
