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Fiscal investigará presuntos delitos cometidos en elecciones del 30-J

31/07/2017 | 02:26 pm


CARACAS.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no reconocerá la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla ilegítima en su origen, proceso y «presunto» resultado electoral que, a su juicio, es en beneficio del gobierno y su permanencia en el poder.

«Mucho poder, pero un grupito detentándolo; en una estructura de gobierno reforzada que acabará definitivamente con el derecho al sufragio, aquí no hay más elecciones, ni separación de poderes que es la única garantía de control de la administración pública, se acabará la libertad de expresión y el derecho a manifestar», expresó.

Durante una alocución ofrecida este lunes desde la sede del Ministerio Público, Ortega Díaz advirtió que el proceso, desde su convocatoria, representa un «delito de lesa humanidad», porque se violó el sagrado derecho a la soberanía y lo que en sí mismo ha ocasionado: muertes, homicidios, extorsión, entre otros; por lo cual ordenó una investigación penal, que podría elevar a instancias internacionales, si se cumplen las amenazas de su presunta destitución.

«Funcionarios amenazados y otros, que no eran funcionarios, fueron amenazados de perder beneficios otorgados por Chávez, eso yo no puedo ni debo dejarlo impune (…) Este tipo de hechos no prescriben, con todo el cúmulo de pruebas que tenemos para garantizar que sanciones a los responsables», expresó.

Contabilizó en 121 el número de venezolanos fallecidos en el marco de las protestas que cumplen más de 120 días, de las cuales 25 % han sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado y otro 40 % responsabilidad de civiles armados que actúan contra los manifestantes.

 Odebrecht

La fiscal reiteró que el Estado venezolano desembolsó 30 mil millones de dólares a la constructora en 11 oobras de infraesctruras inconclusas, entre las cuales el tercer puente sobre el Orinoco y el Metro Caracas- Gautire.

«Se nos ha dificultado la investigación por corrupción (…) muchas de las evidencias están fuera del país. Hay una lista de funcionarios del Ministerio Público en puertos y aeropuertos de inmigración que están esperándolos a que salgan para anularles el pasaporte», manifestó.


Virginia Hernández/Unión Radio