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Los indultos enfrentan nuevamente a gobierno y oposición en España.

En los últimos días mucha controversia han levantado los indultos que podrían ser concedidos a los 12 independentistas catalanes presos.

Se convertiría en la primera medida de gracia en 40 años de democracia que se aprobaría contraviniendo al poder judicial de la nación ibérica.

Críticas, cuestionamientos, marchas y protestas rodean la intención del Gobierno español de indultar a los doce líderes que cumplen condenas de entre 9 y 13 años de prisión por la intentona secesionista de octubre de 2017.

La posibilidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez los indulte enfrenta en España a quienes defienden la medida como algo necesario para reconducir las relaciones entre el Estado y esta región autónoma, contra los que la consideran una cesión ante los separatistas.

El pasado sábado 12 de junio miles de personas marcharon en Madrid para gritar un contundente No a los indultos.

En paralelo, el Partido Popular se ha desplegado por las regiones para impulsar la recolección de firmas contra una futura decisión favorable al respecto.

El Ejecutivo da muestras de estar a favor, frente a las voces críticas dentro de los propios socialistas, la oposición conservadora y la Justicia contraria al indulto.

El indulto corresponde constitucionalmente en España al Gobierno, pero puede ser recurrido ante los tribunales si se considera que incumple los requisitos, recogidos en una ley que data de 1870.

El Gobierno de Sánchez mantiene que «hará lo que corresponde», aunque asume que la decisión implicará riesgos y es consciente de la dificultad de reconstruir puentes de convivencia entre los propios catalanes, y entre Cataluña y el resto de España.

 

El Supremo y también la Fiscalía están en contra del indulto al entender que incumpliría condiciones como el necesario arrepentimiento, pues varios de los condenados insisten en que retomarían la senda independentista

Gobierno

Sánchez pide a la sociedad española «confianza, comprensión y magnanimidad» ante la posibilidad de que se concedan los indultos.

El Gobierno apuesta por la «convivencia» y la «distensión» en Cataluña y ese objetivo «merece la pena».

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, asegura que los indultos están cerca y «llegarán pronto a la mesa del Consejo de Ministros». 

No se descarta que Pedro Sánchez tome la decisión política más delicada de su mandato comenzando el mes de julio.  

De hecho,  Sánchez tiene previsto comparecer en el Pleno del Congreso la primera semana de julio para dar cuenta de los indultos.

El texto se aprobará cuando el Ministerio de Justicia, la vicepresidencia primera y el equipo más cercano al presidente logren cerrar todos los flancos jurídicos para evitar que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tumbe los indultos por un recurso del partido Vox, reseña el diario El País.

El informe del Tribunal Supremo sugiere que el Gobierno se estaría concediendo “un autoindulto” porque los votos de ERC son decisivos en el Congreso.

Procés catalán

¿Cuál es el origen de la controversia?

Recordemos que el proceso soberanista de Cataluña de 2012-2021, más conocido como el procés catalán, comenzó a gestarse en el año 2012 en la comunidad autónoma de Cataluña para lograr la autodeterminación y la independencia de  España.

En diciembre de 2012, el presidente de la Generalitat, Artur Mas de Convergència i Unió (CiU), y Oriol Junqueras de  Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) firmaron un pacto de gobernabilidad comprometiéndose a la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña.

El 1° de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia convocado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

El 27 de octubre de 2017 se aprobó en el Parlamento de Cataluña la declaración unilateral de independencia, que no fue reconocida por ningún Estado del mundo. Ese mismo día el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy intervino la autonomía de Cataluña y destituyó al presidente Puigdemont.

La intervención de la autonomía catalana terminó cuando, tras la celebración de elecciones autonómicas, Quim Torra fue nombrado presidente de la Generalitat en junio de 2018. 

El Juicio

Entre febrero y junio de 2019 se celebró el «Juicio del procés», cuya sentencia se emitió en octubre del mismo año, condenando a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los líderes del proceso independentista por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. 

12 políticos y líderes catalanes se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo por su papel en el proceso.

Líderes catalanes presos

De 12 acusados, nueve de ellos pasaron más de 10 meses en la cárcel esperando el comienzo del juicio.

  • Oriol Junqueras, exvicepresidente y el líder independentista de más alto rango después de que el expresidente Carles Puigdemont saliera del país.

  • Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán cuando se produjo la votación del referendo y de la legislación que lo facilitó.

  • Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, una organización de la sociedad civil cuyo objetivo es lograr la independencia de Cataluña.

  • Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, una organización centrada en la lengua y cultura catalanas, y activista por la independencia.

  • Joaquim Forn, exconsejero catalán de Interior.

  • Jordi Turull, exportavoz del gobierno.

  • Raül Romeva, exconsejero de Exteriores.

  • Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo.

  • Josep Rull, exministro de Territorio.

  • Carles Mundó, exconsejero de Justicia.

  • Meritxell Borras, exconsejera de Gobernación.

  • Y Santi Vila, exconsejero de Economía.

Los nueve acusados ya en prisión fueron juzgados por el delito de rebelión a petición de la fiscalía, aunque la Abogacía del Estado rebajó la gravedad al delito de sedición.

Los seis que eran miembros del gobierno catalán durante los meses anteriores y durante el referendo (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull) fueron juzgados también por malversación de fondos públicos, lo mismo que los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.

Borràs, Mundó y Vila no están acusados de rebelión, sino de desobediencia.

La polémica continúa y veremos si el gobierno logra colar su idea de que los indultos crearán una ruta para distender el conflicto catalán por vías democráticas o si los independentistas triunfan y continúan con su procés de autodeterminación alejado del camino constitucional.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio 

Con información y fotos de EFE/Wikipedia

Composición gráfica: Daniela Morales

 

 

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