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¿En qué consiste el protocolo de Minnesota y su aplicación en la justicia?

02/07/2019 | 04:54 pm


CARACAS.- El abogado penalista, criminólogo y asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Izquiel, explicó que el Protocolo de Minnesota es un documento jurídico emitido por la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y está destinado a establecer  un conjunto de normas para investigar  muertes «potencialmente ilícitas».

«Allí están establecidos una series de pasos que se deben seguir para la determinación de la verdad y credibilidad de la investigación. El protocolo está hecho para que esos detalles que están allí establecidos se cumplan en cualquier país», dijo.

¿Qué establece? 

  1. Las obligaciones jurídicas de los Estados y directrices comunes relativas a la investigación de muertes potencialmente ilícitas. 
  2. La obligación de que toda persona que participe en la investigación debe tener las normas de ética profesional más estrictas. 
  3. Orientación y descripción de buenas prácticas aplicables a los participantes en un proceso de investigación. Incluida la policía, los médicos y juristas.
  4. Resguardo del lugar de los hechos, al igual que las pruebas que fueron recabadas en la investigación.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos de Unión Radio, Izquiel sugirió que en el caso de la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, se cree una comisión internacional que esté conformada por organizaciones mundiales que colaboren en una investigación transparente.

«Podrían integrarla miembros de investigadores seleccionados por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. También podrían entrar otros organismos como la Organización de los Estados Americanos y la Cruz Roja», expresó el jurista, quien rechazó que hasta los momentos el cuerpo del militar no haya sido entregado a sus familiares.

El abogado desestimó que los culpables de este caso hayan sido imputados por el Ministerio Público con el delito de «homicidio preterintencional con causal», porque a su juicio, este crimen tipificado en el artículo 410 del Código Penal establece una pena de entre cuatro a seis años.

«Si ellos admiten los hechos, pudiera rebajársele esa pena a la mitad; es decir, dos años y medio. Si dentro de la prisión, estudian o trabajan, podrían reducírsele esos dos y medio a la mitad. Estaríamos hablando de 14 meses (…) esto sería una burla no solo para el pueblo venezolano, sino también para la comunidad internacional», aseveró.

Jean Carlos González/ Unión Radio 

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