viernes, septiembre 20, 2024
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Delincuentes atacaron a funcionarios tras operativo en Paraguay

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ASUNCIÓN.- – Un tiroteo entre efectivos policiales de Paraguay, que custodiaban a una comitiva fiscal en el departamento de Caazapá (sur), y varios hombres armados puso en evidencia las condiciones de seguridad que afrontan los investigadores de la Fiscalía, lamentó este miércoles uno de los agentes que sobrevivió al incidente que no dejó heridos.

Una comitiva fiscal, liderada por el agente Ever García y acompañada de policías, «fue blanco de un ataque a balazos por parte de 4 a 5 hombres encapuchados», provistos con chalecos antibalas y armas largas, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Luego de cumplir un allanamiento a una compañía de la ciudad de Yuty (Caazapá), a unos 250 kilómetros de Asunción, los agentes policiales junto a la comitiva vieron que un automóvil «circulaba a una excesiva velocidad», por lo que les solicitaron disminuir la marcha.

«A unos 50 metros del lugar donde se encontraba la comitiva, el vehículo frenó bruscamente», retrocedió, cayó en una zanja y del auto bajaron unos hombres «realizando ráfagas de disparos hacia los funcionarios de la Fiscalía y los policías», señaló la nota.

El fiscal García contó a ABC Cardinal que él y otros cuatro funcionarios se protegieron atrás de los vehículos de ambas instituciones y que seis policías reaccionaron a los disparos de los maleantes que terminaron huyendo el sitio.

En ese sentido, García lamentó que los delincuentes contaban con chalecos antibalas y protección mientras los funcionarios de la Fiscalía no.Además, recordó que los policías tenían armas cortas y una escopeta, frente al armamento de grueso calibre de los bandidos.

Esta misma jornada, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, aprobó la implementación en Paraguay de un protocolo para la protección y seguridad de servidores de los Ministerios Públicos que integran la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), según una nota de prensa de la Fiscalía.

Se trata de un instrumento de aplicación regional para «salvaguardar la vida y la integridad física de los agentes fiscales, funcionarios y servidores del Ministerio Público, quienes se encuentren en riesgo y amenaza».

EFE

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