MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladímir Putin, afronta un serio dilema tras la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que le impide viajar, teóricamente, a más de la mitad de los países del mundo.
Putin tendrá que hilar muy fino a partir de ahora, ya que 123 países han firmado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del CPI, y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.
Desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, el líder ruso ha sido De hecho, Irán es el único país al que ha viajado fuera de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).
La administración presidencial reconoció a Meduza que la decisión fue un «paso inesperado» para el que el Kremlin no estaba preparado. Por eso, la reacción ha sido tan furibunda.
Ahora, con la orden emitida por La Haya el 17 de marzo, Occidente queda completamente descartado, al igual que Europa del Este, aunque Hungría rompió filas y asegura que no arrestará a su aliado.
Aunque Estados Unidos nunca firmó el tratado, la Casa Blanca no sólo ha acusado al jefe del Kremlin de ser «un criminal de guerra», sino que quiere que Putin rinda cuentas.
En África son mayoría los países que reconocen la jurisdicción del CPI; mientras en Asia, China, Turquía e India nunca llegaron a firmar el tratado, al igual que ocurre en América Latina con Cuba y Nicaragua.
Los principales países latinoamericanos sí firmaron el Estatuto de Roma, aunque algunos, como Venezuela, no parecen decididos a ponerlo en práctica.
Que el nerviosismo ha cundido en el Kremlin es un hecho, ya que el anfitrión se encuentra entre los signatarios del tratado del CPI.
De cara a su reelección en 2024, el Kremlin tenía previsto promover la imagen de Putin como un defensor de los países en desarrollo frente a la explotación occidental.
Pero para convencer a los rusos de que Putin «tiene más amigos que detractores» se necesitan viajes al exterior, cuando el Kremlin admite ahora que no sabe cómo garantizar la seguridad del jefe de Estado.
De hecho, aunque dudan mucho que algún país postsoviético se atreva a arrestar al jefe del Kremlin, éste no correrá ni el mínimo riesgo, ya que cualquier paso en falso puede salir muy caro.
En opinión de Alexandr Baúnov, experto del Fondo Carnegie, la orden de arresto es una invitación al entorno de Putin para que lo traicione a la menor oportunidad.
Recuerda que, al contrario que las sanciones, el CPI ha comenzado «desde arriba» y que el serbio Slobodan Milosevic fue entregado a La Haya por sus antiguos camaradas (2001).
DECLARACIÓN DE GUERRA
La indignación rusa ha ido en aumento. Tras reunirse la víspera con Putin, el presidente de la Duma o cámara de diputados, Viacheslav Volodin, pidió el sábado prohibir las actividades del CPI en Rusia, país que firmó el tratado, aunque nunca lo ratificó.
El expresidente, Dmitri Medvédev, advirtió que la eventual detención de Putin equivaldría a «una declaración de guerra» e incluso amenazó con lanzar un misil contra La Haya.
Mientras, el Comité de Instrucción de Rusia inició un caso penal contra el fiscal y los jueces del tribunal, a lo que éste respondió acordando con Kiev la apertura de una oficina en territorio ucraniano.
EFE
