Ginebra, 27 jul (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó hoy su «profunda preocupación» por el reciente aumento de la violencia en distintos frentes en Ecuador, alimentada en parte por bandas que se disputan el control del narcotráfico y por otras que operan en el sistema penitenciario.
En un comunicado, el alto comisionado reconoció los retos a los que se enfrentan las autoridades ecuatorianas y la sociedad en general para hacer frente a esta violencia, pero pidió que los estados de excepción declarados para hacerle frente respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
«Las autoridades tienen que proteger la vida de las personas, incluidas las de aquellas que están bajo custodia del Estado. Las medidas de emergencia, incluido el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pueden aplicarse, pero deben estar limitadas en el tiempo y ser excepcionales», subrayó.
El alto comisionado hizo además un llamamiento para una reforma integral del sistema de justicia penal, incluidas las prisiones, y alentó al Gobierno a aplicar la política de rehabilitación social de personas presas, emitida en 2022 y desarrollada con el apoyo técnico de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que él dirige.
Türk también expresó su inquietud por el «preocupante retroceso» en la protección de los derechos de los pueblos indígenas ecuatorianos y recordó que, según las normas internacionales, los pueblos indígenas deben ser consultados sobre el uso de sus tierras.
«Las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas», afirmó el alto comisionado austriaco.
La oficina que dirige Türk recordó hoy en el comunicado que el 23 de julio fue asesinado el alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, y que en las últimas semanas otras personalidades públicas, candidatos políticos y periodistas han sido agredidos o amenazados de muerte.
Al mismo tiempo, la situación en el sistema penitenciario del país ha seguido deteriorándose y, por ejemplo, según la Fiscalía General del Estado, 31 personas reclusas han muerto y 12 han resultado heridas desde el 22 de julio en enfrentamientos entre bandas rivales en la prisión Guayas 1 de Guayaquil.
Por otra parte, en las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos entre comunidades indígenas y campesinas, por un lado, y empresas mineras y autoridades públicas, por otro.
Esos incidentes se produjeron tras la promulgación, el 31 de mayo, del Decreto Ejecutivo 754, que permite a las empresas iniciar operaciones mineras sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.
