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Abogados advierten que decreto pretende anular a la AN

Para Juan Manuel Rafffalli y Luis Alfonso Herrera, son medidas viciadas porque no existen argumentos constitucionales para suspender el normal funcionamiento de los poderes públicos y solo pretenden otorgar poder ilimitado al gobierno

17/05/2016 | 11:23 am


Juan Manuel Raffalli

Juan Manuel Raffalli

CARACAS.- El abogado Juan Manuel Raffalli, especialista en derecho constitucional y procesal, explicó que los requisitos impuestos por el Consejo Nacional Electoral –CNE- no permiten que se active el referendo revocatorio. “La norma está trabajada para defraudar la constitución”.

“Es absolutamente inconstitucional ese reglamento, que tiene rango sublegal, y que además va en violación directa a lo que establece el texto constitucional”, aseveró.

En el Foro A Tiempo de Unión Radio, precisó que pedirle a la Mesa de la Unidad Democrática que demuestre que tiene al menos 200 mil personas atrás “es inexplicable”. “Una organización política inscrita legalmente en el CNE que obtuvo más votos que nadie y se alzó con dos tercios de la AN, no le puedes requerir un 1% previo”.

“Se quieren seguir moviendo bajo la presunción de fraude para simplemente tener una excusa y no medirse porque saben muy bien que para que el referendo cumpla su finalidad tiene que darse antes del 11 de enero de 2017”, aseveró el también profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración –IESA- y de la Universidad Católica Andrés Bello –UCAB-.

Al referirse a la extensión del Decreto de Emergencia Económica y el Estado de Excepción, Raffalli considera que este tipo de medidas son “típicas de los instrumentos normativos que pretenden un poder ilimitado para quienes ejercen la función  de gobierno. “¿Quien determina qué es una acción desestabilizadora y cuál es el mecanismo de control que tiene el afectado para eso?”.

“Esas son lo que se llaman claúsulas en blanco o abiertas que permiten a quien ejerce la función establecida en el decreto hacer lo que crea más conveniente y sin limitaciones”, precisó.

Para Raffalli, es incompresible que el ejecutivo esté promocionando unos motores económicos, con participación de inversión nacional y extranjera, y a la vez amenace con ocupar empresas.

Aclaró que según el artículo 1º del decreto de Emergencia Económica “cualquier empresario que el gobierno determine que no lo está apoyando puede ser sujeto pasivo de medidas extraordinarias que pueden implicar la toma de activos, mecanismos de distribución, de materias primas e inventarios, es decir una subrogación de la explotación de las industrias en manos del gobierno”.

Luis Alfonso Herrera

Luis Alfonso Herrera

Por su parte, el abogado Luis Alfonso Herrera, profesor de derecho constitucional de la Universidad Metropolitana, aseveró que la extensión del Decreto de Emergencia Económica y el Estado de Excepción, son una burla a las competencias de la AN.

En el artículo 2 le dice a la AN que no se preocupe por investigar, interpelar o emitir medidas de control político porque no existes, yo actuaré directamente comprometiendo, a nivel nacional e internacional, el patrimonio de la república con miras a dar respuestas a la situación económica”.

El también profesor en la Universidad Central de Venezuela –UCV- y en la Universidad Católica Andres Bello –UCAB-, explicó que esta medida política está viciada jurídicamente y aseguró que en el futuro podría declararse ante tribunales venezolanos, e incluso internacionales, su nulidad porque “no existe ninguna razón constitucional para suspender el normal funcionamiento de los poderes públicos”, concluyó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

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