JERUSALÉN.- El Parlamento israelí aprobó hoy una ley que impone brazaletes electrónicos para los sospechosos de violencia doméstica, una legislación que podría vulnerar la integridad de las víctimas debido a los matices que introdujo el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.
La ley autoriza el monitoreo electrónico de las órdenes de restricción contra sospechosos de violencia doméstica, pero impone más condiciones para la implantación del brazalete que una versión anterior de la legislación.
En marzo, Ben Gvir boicoteó la aprobación del proyecto de ley original argumentando que presentaría una versión «más equilibrada», que redactó con organizaciones masculinas, preocupadas por supuestas falsas acusaciones contra varones.
Su propuesta, presentada en junio y aprobada hoy en el Parlamento, permite a los tribunales ordenar el uso de brazalete electrónico contra un sospechoso de violencia doméstica, pero solo si ha sido previamente condenado por violar una orden de restricción o ya ha sido procesado por los delitos que se le imputan.
Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han denunciado la naturaleza discriminatoria de esta y otras leyes impulsadas por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sus socios ultraortodoxos y de extrema derecha.
De hecho, decenas de miles de mujeres han salido a las calles para unirse a las multitudinarias protestas que se suceden desde enero contra la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno.
Este mes, el Parlamento aprobó parcialmente un proyecto de ley que elimina la Autoridad para el Avance de la Condición de la Mujer de la Oficina del Primer Ministro, para sustituirla por otro organismo a cargo de ministros de extrema derecha.
Además, aunque la ley existente reconoce «la discriminación contra la mujer» en Israel, la nueva ley omite casi por completo ese término.
También defiende la segregación por género como un «derecho» de las mujeres ultraortodoxas.
Por otro lado, la coalición gubernamental busca fortalecer a los tribunales rabínicos -que al no tener juezas y estar regidos por las normas del judaísmo tradicional no conciben la igualdad de género- para tomar decisiones sobre divorcios o pensión alimenticia.
También este mes, el Parlamento aprobó de forma preliminar un proyecto de ley que otorgaría castigos más estrictos a los delitos de violencia sexual cuando sean cometidos por motivos nacionalistas, minimizando implícitamente la gravedad del mismo delito cuando se comete por alguien de la misma nacionalidad o religión que la víctima.
EFE
