ISKENDERUN,Turquía.- «Gracias por venir. Los extranjeros nos tratáis mejor que nuestro propio Gobierno», dice Hatice al equipo español que monta un hospital de campaña en Iskenderun.
En la provincia de Hatay, una de las más afectadas por los potentes terremotos que el lunes pasado arrasaron el sureste de Turquía, hay al menos 31.000 muertos y 80.000 heridos.
Una mujer de cincuenta años, no oculta, al que acusa de haber dejado abandonada esta provincia, asegura, por motivos políticos.
Otro vecino de Iskenderun, Mehmet, un conductor de excavadoras, también achaca la falta de ayudas a motivos políticos con un trasfondo de tensión religiosa.
Pero también en la vecina provincia de Osmaniye, feudo principal del partido ultranacionalista MHP, desde hace unos años estrecho aliado de Erdogan, los vecinos se quejan de que los coches de AFAD, el servicio de emergencia nacional, solo aparecieron al día siguiente de los seismos.
La enorme extensión del territorio afectado, que con unos 100.000 kilómetros cuadrados y unos 10 millones de habitantes es más grande que Portugal, dificulta desde luego una intervención rápida, admiten muchos.
Aunque la magnitud del desastre superaba cualquier capacidad de respuesta, cunde también la sensación de que la primera preocupación del Gobierno ha sido limitar el daño a su propia imagen cuando faltan apenas cuatro meses para las elecciones.
Solo 24 horas después del sismo, las autoridades difundían una aplicación para móviles dedicada a combatir la «desinformación», pidiendo a los ciudadanos que denunciaran noticias sospechosas.
La medida provocó especial enfado porque muchas personas que utilizaban Twitter para informar sobre edificios derrumbados en los que, a su juicio, se hallaban supervivientes.
Aun cuando no nombran directamente al presidente, muchos ciudadanos muestran su decepción con «los políticos» o «los que mandan» en general.
EFE
